Los riesgos de las democracias digitales

Las democracias digitales, entendidas no únicamente como aquellas que están digitalizando el proceso de voto, sino también como aquellas en las que la ciudadanía tiene un amplio acceso a Internet, corren el doble riesgo de verse atacadas tanto durante la celebración de las propias elecciones, mediante ciberataques, como a través de campañas de desinformación. Dado que la digitalización -al menos en algunos aspectos- no parece reversible, tendrán que establecerse medidas de protección para evitar que se repita lo ocurrido en campañas electorales como la estadounidense de 2016 o las elecciones de mayo de 2019 al Parlamento Europeo.

Prácticamente, la totalidad de los sistemas electorales de los países democráticos son anteriores a Internet y las redes sociales, por lo que, obviamente no estaban diseñados originariamente para prevenir posibles injerencias externas. 

Hasta hace solamente una década era impensable que un Estado pudiese desplegar una operación de influencia en el electorado de un tercer estado con el objetivo de perturbar sus comicios electorales. 

Sin embargo, en los últimos años, no resulta extraño observar como las agencias de inteligencia de los estados democráticos vienen alertando sobre la existencia de intentos de manipulación electoral en los meses próximos a las elecciones por parte de estados extranjeros con el objetivo de situar gobiernos afines en el poder. Y, de hecho, la existencia de este riesgo para las democracias digitales se viene reflejando año tras año en los informes sobre libertad digital que la organización Freedom House publica anualmente.

Si bien Estados Unidos y Estonia son los principales estados que han sufrido ataques constatables de este tipo, existen decenas de ejemplos: las elecciones a la Presidencia estadounidense en 2016, las elecciones generales holandesas de 2017, las elecciones de mayo de 2019 al Parlamento Europeo, o las elecciones italianas de 2018[1]; son solamente algunos de los eventos que nos permiten incrementar la especulación sobre la fragilidad digital de los sistemas electorales (Arteaga, 2018).  

No obstante, pese a la existencia constatada por los servicios de información de campañas orientadas a influir en el electorado de los países democráticos, lo cierto es que, en última instancia no es posible cuantificar (especialmente en el caso de las operaciones de desinformación) la capacidad que tienen estos ataques de impedir a la ciudadanía el hecho de acudir a las urnas o de alterar el resultado de éstas (NIC, 2020). 

En el presente Focus trataremos de observar hasta qué punto la digitalización de las elecciones en países democráticos puede suponer una problemática de difícil solución, o si por el contrario, este riesgo se está sobredimensionando. 

La guerra informativa –donde se encuadrarían las operaciones de desinformación– y los ciberataques puramente ofensivos son los principales vectores de ataque a los sistemas electorales de las democracias occidentales.  

Hasta el momento, únicamente Estonia y Suiza han planteado seriamente la transición hacia un voto digital sin respaldo físico[2], ya que, en líneas generales, en la inmensa mayoría de los estados democráticos el proceso de digitalización del voto se ha limitado únicamente a la aplicación de las fórmulas necesarias para acelerar el avance de los resultados electorales, pero no de los procesos de votación y contabilización –que siguen regidos en su inmensa mayoría por procedimientos analógicos (Ramos, 2019).


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