En los últimos años, diversos países han optado por reactivar o rediseñar el servicio militar obligatorio, adaptándolo a las necesidades y valores del siglo XXI. Este artículo se fundamenta en el análisis de tres estudios clave: «The Reactivation and Reimagination of Military Conscription in Sweden» de Sanna Strand (2023), «About Face! Sweden Reactivates Conscription», Royal United Services Institute, RUSI (2017) y «Competitive National Service: How the Scandinavian Model Can Be Adapted by the UK», RUSI (2019). A partir de estas referencias, se propone un modelo adaptado al contexto español con una finalidad múltiple: fortalecer las Fuerzas Armadas (FAS), ampliar las bases de reclutamiento y, además, identificar y seleccionar a jóvenes motivados y con habilidades específicas para desempeñar funciones especializadas dentro de las FAS. Este modelo no solo busca responder a las necesidades de defensa nacional en un contexto de incertidumbre global, sino también establecer una estructura sostenible y duradera que, por sus beneficios, trascienda las coyunturas actuales.
Ahora bien, es imprescindible advertir que la traslación de estos modelos teóricos a la realidad española no está exenta de importantes obstáculos. Entre ellos destacan la considerable inversión económica necesaria para su implementación, las resistencias sociales derivadas de la percepción histórica del servicio militar como una imposición, y la dificultad de captar el interés de los jóvenes, quienes podrían verse obligados a interrumpir o posponer su formación académica o profesional.
Índice
- El reto de la defensa nacional en tiempos de incertidumbre
- Repensar la defensa nacional: hacia un sistema flexible e inclusivo en España
- Suecia como referente: un modelo flexible y eficiente de servicio nacional
- Razones para apostar por un nuevo modelo de servicio nacional en España
- Grandes desafíos a la reintroducción de un servicio militar obligatorio
- Conclusión
El reto de la defensa nacional en tiempos de incertidumbre
En el actual contexto de tensiones internacionales, marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de la inestabilidad geopolítica, España debe considerar seriamente la necesidad de fortalecer su capacidad de defensa. Según Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, el ejército español, con aproximadamente 100.000 efectivos, sería insuficiente en caso de una crisis importante, ya que se necesitarían al menos 60.000 personas adicionales, pero la falta de una población preparada hace inviable esta movilización[1].
El marco legal español respalda la posibilidad de reintroducir un servicio militar adaptado a las necesidades actuales. El artículo 30 de la Constitución Española establece el derecho y deber de los ciudadanos de defender a España, lo que permite movilizar a la población en situaciones excepcionales, incluso tras la finalización del servicio militar obligatorio en 2001. Asimismo, la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional refuerza este principio al definir la Seguridad Nacional como la acción del Estado para proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de España y promoviendo la participación activa de la sociedad civil. Aunque esta ley no es orgánica y no regula explícitamente la movilización de civiles, sí contempla la utilización de recursos privados y la implicación ciudadana en situaciones de crisis, lo que refuerza la necesidad de contar con una reserva de ciudadanos capacitados.
Además, una encuesta reciente del Instituto DYM refleja un apoyo significativo a esta idea: el 31,7% de los españoles respalda la reinstauración del servicio militar obligatorio, mientras que un 40% apoya que todos los ciudadanos reciban formación militar básica[2]. Estos datos evidencian una creciente preocupación por la capacidad defensiva del país y refuerzan la justificación de esta medida como una herramienta moderna, inclusiva y estratégica para garantizar la seguridad nacional y fomentar una cultura de defensa compartida.
Repensar la defensa nacional: hacia un sistema flexible e inclusivo en España.
En las últimas décadas, el modelo tradicional de servicio militar obligatorio, basado en la incorporación generalizada de ciudadanos, ha sido reemplazado en muchos países, entre ellos España, por FAS profesionales. Este cambio responde no solo a la transformación de los conflictos y al avance tecnológico, sino también al deseo de contar con personal más motivado y especializado. Además, la menor aceptación social del servicio obligatorio y la importancia creciente de las libertades individuales han impulsado esta transición[3]. Sin embargo, el aumento de la inestabilidad internacional ha llevado a países como Suecia, Noruega y Lituania a reintroducir formas adaptadas de servicio militar obligatorio. Estos casos muestran que es posible implementar un sistema de incorporación eficiente y compatible con los valores democráticos[4].
En el caso de España, la situación actual se caracteriza por una plantilla profesional que, según los datos oficiales más recientes, se sitúa en torno a los 120.000 efectivos, incluyendo personal militar y civil[5]. La legislación vigente establece un máximo legal de 140.000 militares[6].
En cuanto a la reserva, los informes institucionales indican que la reserva voluntaria apenas llega a los 3.000 efectivos y los reservistas de especial disponibilidad (RED) rondan los 7.700[7]. Estas cifras evidencian la limitada capacidad de respuesta ante situaciones de crisis prolongadas o de alta intensidad, especialmente en comparación con otros países europeos que mantienen sistemas de reserva más amplios y activos.
La realidad actual exige que España explore nuevas fórmulas para reforzar su capacidad de defensa, superando las limitaciones del sistema profesional y de reserva vigente. No se trata de volver al antiguo servicio militar obligatorio, sino de diseñar un modelo moderno, flexible y adaptado a las necesidades del país. Para ello, resulta fundamental observar y analizar las experiencias de otros países europeos que, ante desafíos similares, han implementado sistemas de reclutamiento selectivo y voluntario. El caso de Suecia, en particular, ofrece claves valiosas para combinar la formación de una reserva amplia y capacitada con el respeto a los valores democráticos y la integración social de los jóvenes. El objetivo es crear una reserva ciudadana amplia, bien formada y disponible, que refuerce las capacidades y contribuya a la cohesión social[8]. En este sentido, resulta especialmente relevante analizar el modelo sueco, que ha sabido combinar la obligatoriedad con la flexibilidad y la adaptación a los valores democráticos contemporáneos.
Suecia como referente: un modelo flexible y eficiente de servicio nacional
La experiencia sueca ofrece un ejemplo relevante para España en la búsqueda de un sistema de defensa más eficaz y sostenible. La reactivación del servicio militar en 2017, tras haber sido suspendido en 2010, se basa en el deber universal de «defensa total», que se aplica a todos los ciudadanos (y algunos residentes) desde los 16 hasta los 70 años, contemplado en la ley 1994:1809[9], lo que significa que cualquier ciudadano dentro de esa franja de edad está obligado a «servir en la medida en que su fuerza física y su estado de salud lo permitan». El servicio militar obligatorio (conscripción) es para hombres y mujeres de entre 18 y 47 años, aunque solo una parte de cada grupo de edad es seleccionada realmente para servir, según las necesidades de las FAS y la idoneidad individual. La duración del servicio varía según el ejército siendo de aproximadamente 7,5 meses para el caso del Ejército de Tierra, entre 7 y 15 meses para la Armada, y entre 8 y 12 meses en el caso del Ejército del Aire. Tras completar una formación básica de tres meses, los seleccionados se incorporan a una unidad específica para finalizar el periodo de servicio correspondiente. Una vez concluido este proceso, todos los participantes permanecen como reservistas hasta cumplir los 47 años.
El proceso de selección es exhaustivo. Todos deben completar un cuestionario que evalúa su estado físico, intereses, motivación y aptitudes. A partir de esta información, se identifica a los candidatos más adecuados para el servicio militar, priorizando tanto la motivación como las competencias necesarias para cubrir funciones especializadas. De los aproximadamente 90.000 jóvenes que cumplen la mayoría de edad cada año, solo el 10% es seleccionado para realizar el servicio militar, asegurando que las FAS cuenten con personal altamente cualificado y motivado[10].
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