Adquisiciones de defensa en la UE y soberanía estratégica e industrial para España y la Armada

Sin una una arquitectura de adquisición más integrada, una base industrial más resiliente y una autonomía tecnológica más ambiciosa, el rearme europeo seguirá siendo una realidad sólo en los libros de cuentas
Sin una una arquitectura de adquisición más integrada, una base industrial más resiliente y una autonomía tecnológica más ambiciosa, el rearme europeo seguirá siendo una realidad sólo en los libros de cuentas. Imagen: Ejércitos/IA.

El rearme europeo ya es, en buena medida, una realidad presupuestaria, pero sigue lejos de convertirse en una realidad estratégica plenamente coherente. A partir del reciente informe del Instituto de Kiel sobre contratación de defensa, examinamos algunas de las debilidades estructurales del modelo europeo de adquisición militar, marcado por la fragmentación industrial, la duplicación de sistemas y la falta de interoperabilidad. Todo ello teniendo en cuenta que el problema no reside sólo en cuánto gasta Europa, sino en cómo lo hace, para lo cual se analizan las cuatro dimensiones decisivas del debate: los mecanismos de contratación, la capacidad para escalar la producción en tiempos de crisis, la adquisición de innovación y la posible centralización del mercado europeo de defensa. Sobre esa base, se estudian las implicaciones específicas para España y para la Armada, con atención al papel de Navantia, Indra, Airbus, el Plan de Actividades Científico Técnicas y de Investigación de la Armada, la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2026 y los instrumentos europeos surgidos tras el inicio de la guerra de Ucrania y la publicación de la Brújula Estratégica. No en vano, sin una una arquitectura de adquisición más integrada, una base industrial más resiliente y una autonomía tecnológica más ambiciosa, el rearme europeo seguirá siendo una realidad sólo en los libros de cuentas…

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El diagnóstico: gastar más no es suficiente

El rearme europeo es una realidad presupuestaria, pero no necesariamente una realidad estratégica. El acuerdo alcanzado en la OTAN en junio de 2025, por el que los aliados se comprometieron a destinar el 5 % del PIB a defensa y seguridad antes de 2035, ha abierto un debate tan urgente como complejo. No solo va de cuánto gastar, sino de cómo hacerlo. Europa, al fin y al cabo, lleva décadas -y no años- desmigajando su gasto militar en veintisiete sistemas nacionales de adquisición que multiplican costes, reducen la interoperabilidad y diluyen la capacidad de disuasión real. La presión norteamericana, intensificada desde la reelección de Donald Trump, ha convertido la autonomía estratégica en una exigencia. Por todo ello, en las siguientes líneas hacemos una lectura crítica de la literatura económica más reciente sobre contratación de defensa, confrontando sus propuestas con la realidad política, industrial e institucional de una Europa fragmentada, extrayendo de paso las implicaciones más relevantes para España y su Armada.

El punto de partida es el reciente informe del Instituto de Kiel, firmado por Rodrigo Carril, que se resume de manera sencilla: «Europa ya gasta más en defensa que nunca, pero lo hace mal» [1]. Los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea desembolsaron unos 343.000 millones de euros en 2024 y se proyectan 831.000 millones para 2035 si se alcanza el 5 % del PIB. Sin embargo, el gasto está atomizado en veintisiete sistemas nacionales de adquisición que producen decenas de modelos distintos de tanques, fragatas, sistemas antiaéreos, municiones y equipos logísticos, multiplicando los costes de mantenimiento, formación y reposición, y reduciendo drásticamente la interoperabilidad.

«La EDA espera que los Veintisiete en conjunto gasten en defensa este año 381.000 millones de euros a precios constantes de 2024, por encima de los 343.000 millones destinados el año pasado, que supusieron el 1,9 % del PIB de la UE» [2].

La tesis central de Carril es que, si Europa actuara como un bloque único con el mismo dinero que gasta hoy, obtendría casi el doble de capacidad militar efectiva en un momento de debilidad frente a las amenazas de Trump. Esta afirmación sitúa el debate no en el volumen del gasto, sino en su arquitectura institucional y en los mecanismos de contratación empleados. El informe sintetiza la literatura económica en cuatro ejes principales: diseño de mecanismos de contratación, escalado de la producción en crisis, adquisición de innovación y centralización del mercado europeo de defensa.

«Construyamos un verdadero ejército europeo. No dentro de diez años. Ahora mismo. España se unirá con todos los recursos que sean necesarios. Fortalezcamos nuestro sistema multilateral. Reformemos y demos más poder a aquellas instituciones que, a pesar de sus defectos, han logrado mantener la paz en Occidente durante décadas» [3].

Desgraciadamente, a pesar de las intenciones declarativas, la realidad sigue siendo otra. Aunque la UE ha lanzado desde 2022 nuevos instrumentos de defensa, -si bien otros como el Fondo Europeo de Defensa ha perdido fondos en pro de las iniciativas calificadas de «urgencia-, y ha demostrado cierta capacidad de actuación autónoma en apoyo a Ucrania (han sido capaces de sostener económicamente a Ucrania aunque desde la OTAN han tenido que lanzar la iniciativa PURL para poder suministrar un armamento que, de otro modo, los Veintisiete no habrían podido entregar), la dependencia industrial, tecnológica y estratégica respecto a Washington sigue siendo estructural. La compra masiva de armamento estadounidense, la fragmentación de proyectos europeos y la primacía política de Estados Unidos en la OTAN impiden consolidar una verdadera soberanía europea en materia de defensa. El contexto internacional actual obliga a reequilibrar la relación transatlántica: no romper con Estados Unidos, sino construir una defensa europea capaz de actuar con mayor autonomía estratégica frente a un entorno internacional cada vez más inestable [4].

https://www.revistaejercitos.com/opinion/las-malas-cartas-de-europa-i/

Los mecanismos de contratación: ni ofertas abiertas ni opacidad total

Una de las aportaciones más valiosas del informe del Instituto de Kiel es su crítica a la ilusión de que la competencia siempre produce mejores resultados. Carril demuestra, a partir de datos del sistema federal de contratación de Estados Unidos, que incrementar la competencia reduce el precio de adjudicación en torno a un 6 %, pero eleva significativamente las probabilidades de desviaciones de coste y retrasos en los contratos más complejos. El ahorro inicial queda anulado, e incluso superado, por los sobrecostes posteriores.

La conclusión es que el sistema de contratación no debe ser uniforme. Para adquisiciones estandarizadas, como munición, drones de bajo coste y combustibles, las subastas competitivas con contratos de precio fijo funcionan bien. Para sistemas complejos, como fragatas, submarinos de nueva generación y otras plataformas, la negociación directa, la restricción del número de licitadores y los contratos de costes más honorarios ofrecen mejores resultados. Esta distinción, aparentemente técnica, tiene implicaciones profundas para la cultura de contratación pública en Europa, donde los procedimientos abiertos de licitación se han convertido en sinónimo de transparencia, a veces a costa de la eficacia por su excesiva burocracia.

El autor, además, también aborda la tensión entre discrecionalidad del comprador y rendición de cuentas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) califica la contratación pública como «la actividad gubernamental más vulnerable al despilfarro, la mala gestión y la corrupción» [5]. Frente a esta realidad, Carril propone reemplazar los controles ex ante, rígidos, que generan burocracia y desplazan el esfuerzo hacia el cumplimiento normativo en lugar de hacia la obtención del mejor valor, por auditorías ex post y una selección cuidadosa de los gestores de programas. La competencia del comprador emerge como variable crítica, quizá la más infraestimada en el debate político europeo…

https://www.revistaejercitos.com/opinion/el-sorpasso/

Escalar la producción en tiempos de crisis: lecciones de la pandemia

Una de las secciones más originales del informe establece un paralelismo entre la producción acelerada de vacunas durante la COVID-19 y la necesidad de escalar la producción armamentística en caso de conflicto. La experiencia estadounidense con la Defense Production Act [6] y los contratos de capacidad, que pagan a los fabricantes por invertir en infraestructura productiva anticipadamente y no solo por unidades entregadas, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para garantizar disponibilidad en tiempo crítico.

Es por ello por lo que el autor del informe propone aplicar este principio al rearme europeo: contratar capacidad hoy, asegurando derechos prioritarios de producción futura, en lugar de limitarse a encargar unidades. Los candidatos inmediatos son munición de artillería, drones, misiles de crucero, sistemas de defensa aérea y aeronaves de transporte. Esta lógica supone un cambio conceptual significativo: pasar de la gestión eficiente del gasto corriente a la inversión estratégica en resiliencia industrial futura.

Para España, cuya industria de defensa, por ejemplo Navantia, Indra o Airbus, mantiene capacidades relevantes, pero con ciclos de producción ajustados, esta propuesta es especialmente pertinente. La participación española en iniciativas como la PESCO o el EDF debería reorientarse parcialmente hacia contratos de este tipo, garantizando que la base industrial nacional pueda absorber un incremento súbito de la demanda sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros.

https://www.revistaejercitos.com/articulos/diccionario-de-iniciativas-de-defensa-europeas/

La centralización europea: una tesis sólida ante una realidad política compleja

El argumento más ambicioso del informe, y también el más polémico, es la defensa de un mercado único europeo de adquisición de defensa. La lógica económica parece a priori impecable: economías de escala, reducción de duplicidades, mayor poder negociador, mejora de la interoperabilidad y coordinación de las inversiones en I+D. Estudios empíricos sobre contratación centralizada en Italia estiman ahorros directos del orden del 28 %. Si se extrapolara esa cifra al gasto conjunto europeo, los ahorros superarían los 100.000 millones de euros anuales. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas.

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