El general Vladimir Padrino López

Ante la captura de Nicolás Maduro, el general Vladimir Padrino López emerge como uno de los candidatos principales para la sucesión en el poder o para su control, incluso aunque nominalmente no llegue a ostentar la Presidencia. Este escenario de crisis exige una evaluación exhaustiva de su perfil y de la probable dirección que tomaría el Estado venezolano bajo su liderazgo. El presente artículo tiene como objetivo analizar su perfil estratégico, su cosmovisión y sus previsibles líneas de acción en los ámbitos político y militar. La evaluación se fundamenta exclusivamente en un análisis riguroso de su obra y del marco ideológico bolivariano prevaleciente, el cual ha modelado su formación y su carrera. El análisis prospectivo se centra en anticipar cómo su pensamiento se traduciría en políticas concretas, tanto a nivel doméstico como internacional.

Contenidos

• Introducción
• La caída de Maduro
• Contexto geopolítico
• Formación de Vladimir Padrino López
• Implicaciones estratégicas
• Conclusión
• Notas

Introducción

Para comprender las potenciales acciones de Vladimir Padrino López, es imperativo analizar el ecosistema ideológico en el que se ha formado y operado. Su pensamiento y su posible ejercicio del poder no pueden disociarse de las corrientes filosóficas y políticas que han definido al Estado venezolano durante las últimas décadas. Estos principios fundamentales, arraigados en la doctrina bolivariana, revelan su estilo de liderazgo y la base sobre la cual podría construir su legitimidad y su agenda de gobierno.

Un concepto central del marco bolivariano es la noción del «poder obediencial», teorizada por el filósofo Enrique Dussel. Esta doctrina postula que el poder reside en la comunidad, la cual lo delega en sus representantes; estos deben ejercerlo de manera obediencial, siempre subordinados al mandato popular. Esta visión se contrapone directamente a la crítica de la «fetichización del poder», un fenómeno por el cual las instituciones se corrompen, se separan del pueblo y se convierten en herramientas de dominación^[1]. Desde esta perspectiva, la democracia representativa tradicional es inherentemente vulnerable a dicha corrupción. Esta dualidad justifica una profunda desconfianza hacia las estructuras liberales y promueve mecanismos de participación popular permanente (referendos o consultas) para asegurar que la soberanía resida efectivamente en el pueblo.

Como sucesor, Vladimir Padrino heredaría y, probablemente, reforzaría este modelo. Este fundamento ideológico implica que cualquier negociación con un gobierno liderado por él requeriría eludir los canales diplomáticos tradicionales en favor de marcos que reconozcan la «participación popular», un mecanismo que él controlaría.

El antiimperialismo constituye un pilar central e inamovible del Estado venezolano. La narrativa oficial interpreta las acciones de las potencias occidentales (como la intervención en Libia o la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea) no como actos aislados, sino como manifestaciones de una hostilidad sistémica. Esta percepción se enmarca en el concepto de una «guerra difusa», una doctrina formalizada por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) que describe una confrontación multidimensional orientada a socavar la soberanía nacional.

Cualquier sucesor, incluido Vladimir Padrino, operará bajo esta premisa fundamental. Las relaciones internacionales serán vistas a través de un prisma de confrontación, donde las potencias occidentales son consideradas actores inherentemente hostiles. Por tanto, la defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera será el principio rector de su política exterior, justificando alianzas con otros polos de poder mundial que desafíen la hegemonía estadounidense.

La doctrina de defensa nacional del Estado venezolano se articula en torno al concepto de la «unión cívico-militar». Este principio, fundamental en la planificación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), posiciona a las fuerzas armadas no solo como una institución de defensa tradicional, sino como un actor con profunda «sensibilidad social» integrado a la población. El objetivo es preparar al país para una «guerra de resistencia», un conflicto asimétrico donde la cohesión entre el pueblo y el componente militar representa la principal ventaja estratégica.

Vladimir Padrino, como máxima autoridad militar, es uno de los principales exponentes y garantes de esta doctrina. Su liderazgo aseguraría la continuidad y profundización de este modelo, donde las fuerzas armadas desempeñan un papel central tanto en la defensa externa como en el mantenimiento del orden y la cohesión social interna. Este marco ideológico proporciona el contexto general, pero es el análisis del pensamiento geopolítico personal de Vladimir Padrino el que revela sus prioridades estratégicas específicas.

La caída de Maduro

En la madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense de máxima precisión puso fin al régimen de Nicolás Maduro, culminando meses de planificación secreta y representando la acción más audaz para un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Horas después de la captura, el presidente Donald Trump anunció desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida) que Estados Unidos asumiría temporalmente el gobierno de Venezuela con el objetivo de «arreglar» su deteriorada infraestructura petrolera y explotar sus vastas reservas (las mayores del mundo) para vender grandes cantidades a otras naciones, asegurando así beneficios económicos directos para la estabilidad regional.

A pesar de lo mucho que se ha escrito desde entonces, cabe decir que la intervención estadounidense en Venezuela no encaja en analogías históricas como Panamá 1989 o Irak 2003, ni se explica solo por la trampa de Tucídides, donde el derecho internacional pasa de ser árbitro a una mera herramienta retórica para sostener posiciones políticas en lugar de veredictos vinculantes. Se justifica estrictamente como una ejecución penal federal contra Maduro y Cilia Flores, prófugos por narcoterrorismo según un indictment (acusación penal formal) de 2020, y no como una restauración democrática a pesar del colapso del régimen. Washington, de hecho, ha evitado los marcos políticos para enfatizar la extensión de su jurisdicción interna, relegando la soberanía y el multilateralismo a zonas técnicas de bajo impacto.

Cabe recordar que Maduro asumió el poder cuando Chávez murió en 2013; su reelección en 2018 fue considerada por muchos como una farsa, ya que se prohibió la participación de los principales partidos de la oposición. Durante las elecciones de 2024, las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador horas después del cierre de las urnas, pero la oposición reunió pruebas abrumadoras de que Maduro había perdido por un margen de más de 2 a 1.

El último gobierno de Nicolás Maduro estaba encabezado por un gabinete ejecutivo con Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva desde 2018 y, desde agosto de 2024, también como ministra de Petróleo, lo que la convertía en la heredera natural del régimen, consolidada dentro del núcleo duro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A su lado estaban:

• Su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela;
• Diosdado Cabello Rondón, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y secretario general del PSUV;
• y, por último, Vladimir Padrino, general en jefe del Ejército Bolivariano y ministro de Defensa.

El orden jerárquico constitucional (artículo 226 de la Constitución venezolana) prioriza a la vicepresidenta ejecutiva sobre los ministros de los Poderes Públicos, especialmente los de Defensa e Interior, Justicia y Paz; seguidos de los responsables de áreas económicas como Petróleo y Finanzas; luego los de áreas sociales como Educación y Salud; y finalmente los territoriales, todo ello ponderado por la influencia política dentro del PSUV y el peso militar en los roles clave.

En la cúpula del poder duro del régimen destaca Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, quien controla la FANB como pilar indispensable del régimen. En segundo lugar, se encuentra Diosdado Cabello, número dos del PSUV y ministro del Interior, Justicia y Paz desde agosto de 2024, conocido por su mano dura contra las protestas y su control sobre las milicias. Por último, figura Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), encargado de las operaciones conjuntas.

La maniobra de derrocamiento, conocida internamente como «Operación Resolución Absoluta», fue un ataque quirúrgico ejecutado por fuerzas especiales de élite, incluyendo la Delta Force y los SEAL del Joint Special Operations Command (JSOC). Coordinados con inteligencia y fuerzas del orden, bombardearon el Fuerte Tiuna, el aeropuerto de La Carlota y otros puntos clave en Caracas. En menos de tres horas, las fuerzas especiales irrumpieron en la fortaleza de Maduro, capturaron al líder chavista y a su esposa Cilia Flores (quienes se rindieron sin resistencia) y los embarcaron en el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York para juzgarlos por narcoterrorismo, conspiración y tráfico de cocaína bajo la acusación de 2020.

Donald Trump celebró este «asalto espectacular» como una demostración de poderío estadounidense sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, confirmando que Estados Unidos gobernará Venezuela transitoriamente hasta lograr una «transición segura y adecuada» con la colaboración de Delcy Rodríguez, descartando a María Corina Machado debido a su supuesta falta de apoyo popular. En esta transición, seguramente veremos a Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López (las cuatro figuras clave del chavismo que pueden asegurar la estabilidad y controlar a los militares) facilitar la desmovilización para prevenir un derrumbe total^[2].

La operación no surgió de la nada. Estuvo precedida por ataques en septiembre de 2025 contra narcolanchas del Tren de Aragua cargadas de drogas, y contra un punto de atraque de cárteles venezolanos utilizando drones de la CIA en diciembre, siendo esta la primera incursión directa sobre suelo venezolano desde el inicio de las hostilidades. Legalmente, la administración Trump justificó la acción bajo la Authorization for Use of Military Force (AUMF) contra el narcotráfico. Sin embargo, carecía de la aprobación explícita del Congreso, lo que generó críticas inmediatas del demócrata Jim Himes, quien exigió ser informado. Por el contrario, el republicano Mike Johnson la calificó de «justificada».