La rápida adopción de drones por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) constituye una interesante y urgente llamada de atención sobre una mutación estructural que está impactando profundamente el conflicto colombiano. La capacidad de los grupos armados para disputar el dominio aéreo mediante la adaptación de técnicas militares evidencia un salto evolutivo de la guerrilla, posible gracias al empleo de drones de bajo coste. Colombia se ha convertido así en un laboratorio en el que, tomando avances vistos en Ucrania u Oriente Medio, se ensayan dinámicas susceptibles de reproducirse en otros escenarios internacionales en el futuro. Es más, la evolución tecnológica de la guerrilla no solo altera el equilibrio interno de poder, sino que también modifica el paradigma de las relaciones entre los Estados y los actores armados no estatales. El caso colombiano demuestra que los actores insurgentes ya poseen capacidad de negación aérea táctica mediante drones de bajo coste, lo que obliga a rediseñar doctrinas, bases e infraestructuras críticas. Esta transformación obedece, en gran medida, a las limitaciones tácticas y estratégicas del Estado para contrarrestar con eficacia el empleo de estas nuevas herramientas de combate por parte de actores no estatales. En este contexto, nos centramos en analizar la capacidad de adaptación y evolución de grupos como el ELN frente a la lentitud de la respuesta estatal. Asimismo, estudiamos también los sucesivos atentados registrados en Colombia durante 2025 y el impacto de la actualización de sus tácticas. El objetivo es anticipar las lecciones que aporta el conflicto, así como sus posibles implicaciones para futuros escenarios, particularmente en Europa…
Índice
- Introducción
- Desafíos estratégicos
- Impacto tecnológico
- Arquitectura perimetral
- Conclusión
- Bibliografía
Introducción
El conflicto armado en Colombia atraviesa una metamorfosis disruptiva que está redefiniendo las reglas de la guerra asimétrica. Lo que comenzó como una disputa por el control físico de la cordillera andina, basada en la movilidad táctica de la guerrilla y en un profundo conocimiento del terreno, ha evolucionado hasta alcanzar un umbral tecnológico que, durante 2026, amenaza con quebrar la histórica superioridad operativa del Estado gracias al empleo, entre otros, de drones armados de bajo coste y una efectividad diabólica.
La transformación tecnológica de los conflictos armados contemporáneos está redefiniendo, como sabemos, la relación de fuerzas entre los Estados y los actores armados no estatales. La proliferación de sistemas aéreos no tripulados accesibles, baratos y fácilmente adaptables ha erosionado uno de los monopolios del poder estatal: el dominio del espacio aéreo. Quizá no todavía a alta cota, pero sí desde luego al poder atacar con cierta impunidad las bases aéreas y las aeronaves en las fases de despegue o aterrizaje. En consecuencia, el teatro de operaciones ha dejado de responder exclusivamente a las lógicas tradicionales de la guerra de guerrillas para convertirse en un laboratorio de innovación y adaptación, en el que la velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad de respuesta institucional, como se explicó recientemente en estas páginas.
La incorporación gradual de drones por parte de grupos insurgentes como el ELN no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, ciertamente. Esta mutación, que permite realizar desde operaciones de vigilancia en la profundidad de la selva hasta ataques selectivos con drones suicidas, marca el inicio de un capítulo inédito en la historia del conflicto (Emblin, 2025). Se trata de un cambio de paradigma que no se define únicamente por la actualización de las tácticas destinadas a ampliar el control territorial frente a las disidencias de las FARC en los corredores estratégicos que conectan con Venezuela, sino también por sus resultados. La combinación del dominio político, económico y social conforma un vértice que acelera la carrera armamentística y que nos deja ante un futuro a corto y medio plazo muy difícil de predecir.
Desafíos estratégicos
A comienzos de 2025, el Ejército de Liberación Nacional movilizó sus efectivos contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el marco de una disputa entre grupos insurgentes por el control territorial y el acceso a uno de los principales corredores estratégicos que conectan Colombia con Venezuela: la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El ELN desencadenó una nueva crisis social y política en la zona. La lucha por el control económico del territorio ha permitido a los actores no estatales fortalecer sus capacidades militares mediante la incorporación de nuevos integrantes y la adopción de tecnologías cada vez más sofisticadas. Todo ello ha contribuido a una nueva escalada del conflicto todavía en marcha (Cueto, 2025; The Economist, 2025).
Uno de los principales objetivos del ELN es dominar departamentos estratégicos para consolidar su posición política y ampliar su influencia. No es una decisión al azar, pues el control de las regiones transfronterizas proporciona a la organización un mayor grado de seguridad. En este sentido, el mantenimiento de sus principales bases en territorio venezolano le otorga una protección especial, favorecida por sus vínculos políticos y por la limitada capacidad de las fuerzas colombianas para actuar contra dichas instalaciones. Asimismo, los insurgentes buscan asegurar los departamentos que producen los recursos necesarios para sostener su infraestructura económica ilícita. Es por ello por lo que, allá por enero de 2025, el ELN movilizó de forma encubierta a sus comandos desde sus bases en la región de Arauca, situada en la frontera colombo-venezolana, para enfrentarse en territorio rival al Frente 33, una de las disidencias de las FARC.
Mediante una operación relámpago, las estructuras insurgentes ejecutaron ataques selectivos en distintos puntos del Catatumbo, un territorio de alto valor estratégico que hasta entonces se encontraba bajo el control de las disidencias. La retirada del Frente 33 generó un vacío de poder que fue ocupado rápidamente por integrantes del ELN, lo que consolidó su dominio sobre un espacio crucial. Este control territorial, ejercido mediante la coerción y el uso sistemático de la violencia, resultó fundamental para maniobrar y proyectar el poder militar de la organización a lo largo de 2025.
La importancia del Catatumbo radica, en primer lugar, en las ventajas militares que ofrece su orografía a los grupos insurgentes. La combinación de bosques, selvas y diversidad climática proporciona cobertura para la maniobra, facilita la movilidad y amplía las capacidades de observación. Esta defensa natural protege el corredor estratégico, oculta los movimientos de tropas y el transporte de materiales, y dificulta la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Colombia. En segundo lugar, el área destaca por su riqueza en carbón, petróleo, madera, minerales y hoja de coca, recursos que sostienen una economía ilícita altamente rentable. La condición fronteriza facilita el lavado de activos y la distribución de cocaína, principal fuente de financiación del ELN. A su vez, la orografía obliga a aplicar planes de actuación específicos y limita el control estatal, lo que favorece el acceso a los cultivos y a los laboratorios de procesamiento. Para esta misión, el ELN desplegó comandos desde sus bases en Venezuela, país que protege a la guerrilla.
Otro factor fundamental es el carácter binacional del ELN, que evidencia las relaciones políticas establecidas con la cúpula dirigente venezolana, hasta entonces encabezada por el Gobierno de Nicolás Maduro. Esta situación sitúa al Estado colombiano ante el desafío de responder a un conflicto asimétrico con dimensión transfronteriza. Asimismo, ha intensificado la tensión política y social y ha provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas, con el consiguiente desgaste para el Gobierno y la demostración de su incapacidad para alcanzar una solución inmediata.
Las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro se orientan a la consecución de la denominada «paz total» mediante mecanismos de negociación con los grupos armados e iniciativas de carácter diplomático. Sin embargo, estos procesos han generado un importante debate interno en la sociedad colombiana y han afectado negativamente a la Administración de Petro. En contraste, durante este tiempo los grupos armados no estatales han ampliado su control territorial y fortalecido sus economías ilícitas. No es de extrañar, por tanto, que el ELN siga buscando cómo desgastar al Estado y consolidar un régimen de facto en los territorios bajo su dominio, al tiempo que incorpora mejoras técnicas en su arsenal y nuevos perfiles a su estructura militar.
En relación con esto último, la disponibilidad de operadores de drones supone una evolución significativa que introduce a las guerrillas en un nuevo vector de combate y les permite desarrollar tácticas adaptadas al siglo XXI. Todo al tiempo que introduce los cambios orgánicos necesarios para obtener el mejor partido de dichos vectores, en un proceso todavía en marcha. Por el momento, desde una perspectiva puramente organizativa, el ELN mantiene una estructura robusta y en crecimiento. En 2023, la guerrilla alcanzó aproximadamente los 6.100 integrantes (Acosta et al., 2024). Además, su estructura confederada articula los destacamentos en frentes de guerra con autonomía operativa y financiera en todo el país, bajo la supervisión del Comando Central (COCE), órgano político-militar que coordina la estrategia general de la organización (InSight Crime, 2024). Hablamos pues de una organización dinámica y dispuesta a hacer el mejor uso de sus posibilidades pecuniarias y de su personal, para hacer frente a un Estado mucho más rígido.
Impacto tecnológico
La expresión «la flecha y el escudo» ilustra en buena medida cómo ha transcurrido la carrera armamentística a lo largo de la Historia; un desafío permanente de ingenio entre contendientes. La evolución tecnológica, empero, no solo transforma el ámbito militar, sino que también repercute directamente en la esfera civil. En este contexto, los UAS representan uno de los avances más disruptivos de nuestra época. Su potencial puede compararse con el impacto histórico de la pólvora en los campos de batalla, pues permite a las guerrillas incorporarse a una dimensión moderna del combate.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los grupos no estatales han intensificado la captación de especialistas en diseño, adaptación y manejo de drones. Estos perfiles se han convertido en una necesidad ante la elevada demanda (hablamos de decenas de miles de especialistas, sino cientos de miles). El bajo coste de los drones comerciales y la gran adaptabilidad de los prototipos han acelerado la mutación de los actores armados no estatales y erosionado la asimetría tradicional del conflicto. La brecha se amplía, además, por la eficacia de estos sistemas frente a las medidas defensivas existentes. Por ello, especialmente en América Latina, se ha intensificado la formación en el empleo de drones para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Por ejemplo, el Gobierno colombiano registró más de un centenar de ataques con drones a comienzos de 2025, que causaron más de una decena de bajas. En el Catatumbo, además, las guerrillas han experimentado con la gestión aérea del terreno mediante tareas ISR y con la selección de objetivos o targeting.
El manejo de UAS ligeros y baratos posee actualmente un elevado valor estratégico y ha reforzado la capacidad armamentística de los actores no estatales para sostener el conflicto frente al Estado, que sigue otras dinámicas. Es la continuación de una tendencia bien conocida, según la cual la adaptación y reproducción de sistemas militares estatales mediante versiones más económicas ha permitido igualar la balanza. En México y Brasil, por ejemplo, se ha documentado en décadas pasadas el empleo de vehículos blindados improvisados por parte de los cárteles. En Colombia, las guerrillas han consolidado históricamente una táctica de defensa pasiva ampliamente utilizada: la denegación de área mediante el empleo de artefactos explosivos, caso de las minas antipersona. Las guerrillas han demostrado una notable capacidad de adaptación táctica al ajustar su metodología operativa a sus objetivos estratégicos y a la presión ejercida por el Estado. Las minas terrestres no solo buscan impedir el avance de las fuerzas estatales, sino que también cumplen una función reactiva destinada a incapacitar al personal militar. El efecto lesivo obliga a movilizar unidades adicionales para la evacuación y la atención sanitaria, que pasan a convertirse en una prioridad. En la actualidad, la combinación de drones como elemento activo y minas como instrumento de denegación ha incrementado de forma notable el poder militar de los grupos insurgentes. A ello se suma la ventaja que proporciona el terreno, lo que refuerza la superioridad táctica local del ELN.
Los drones, como era de esperar, no han tardado tampoco en ser explotados por las guerrillas. Su llegada, de hecho, ha reforzado la capacidad defensiva del ELN y de las disidencias de las FARC, organizaciones que históricamente carecían de defensas antiaéreas convencionales para proteger sus bases. Durante décadas, la respuesta a la superioridad aérea estatal consistió en mantener una movilidad constante de las estructuras operativas. Esta estrategia dejaba expuestas infraestructuras críticas, como los cultivos de coca y los campamentos mineros, que constituyen pilares de su economía. En la actualidad, la evolución tecnológica ha reconfigurado de forma más eficiente la asimetría frente al poder militar estatal. El denominado «misil del pobre» revela una vulnerabilidad estratégica inédita, bien explotada como sabemos por Ucrania, que ha llegado a lanzar operaciones tan espectaculares como «Telaraña». En el caso que nos ocupa, el atentado ocurrido en el municipio de Amalfi constituye un punto de inflexión, al demostrar la capacidad de los insurgentes para disputar el dominio operativo del espacio aéreo local.
Volviendo sobre los drones, estos han demostrado su eficacia para eludir defensas perimetrales y barreras físicas cuya implantación exigió inversiones millonarias por parte de los Estados. Este cambio tecnológico y doctrinal ha favorecido la aparición de tácticas como el perching, que consiste en situar drones en edificios o puntos elevados próximos a objetivos estratégicos para realizar posteriormente misiones ISR. Durante este estacionamiento táctico, los aparatos permanecen en estado de latencia o hibernación y se mantienen ocultos hasta su activación. Se trata de una táctica con una doble vertiente, pasiva y activa. Además, conviene distinguir entre el dron reutilizable y el dron suicida. El primero debe regresar tras la misión a un punto de recuperación, aunque puede ser interceptado, perder la señal y quedar inutilizado.
En el caso de Latinoamérica hay que tener en cuenta además que, a diferencia de lo visto en la monótona Ucrania (aunque hay excepciones como en torno al río Donets), los bosques y las selvas facilitan el camuflaje y la maniobra de los drones. No obstante, el relieve también afecta a sus sistemas de comunicación y modifica su alcance efectivo.
Sea como fuere, los atentados sucesivos muestran una planificación elaborada y una adaptación constante de los insurgentes a la tecnología. El terreno ofrece un amplio abanico de posibilidades que el ELN aplica y perfecciona a diario. Los drones también se utilizan como instrumento de control social sobre la población local, con un elevado impacto psicológico y un bajo riesgo operativo frente a los cuerpos de seguridad del Estado. En regiones caracterizadas por altos niveles de pobreza, este dominio se ve reforzado por el carácter estático y previsible del despliegue estatal.
Ruptura
En agosto de 2025, el municipio rural de Amalfi introdujo un nuevo escenario en el teatro de operaciones colombiano. Entre las funciones de la Policía Nacional de Colombia figuran, como es sabido, la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales y las operaciones destinadas a debilitar la economía ilícita del ELN, incluida la erradicación manual de cultivos de coca, una tarea ardua y peligrosa. Las maniobras policiales, coordinadas con las fuerzas militares, movilizan para ello personal gubernamental en helicópteros UH-60 Black Hawk, aeronaves cedidas por el Gobierno estadounidense a Colombia para apoyar la lucha contra el narcotráfico.
El Estado, además, articula los distintos medios de que dispone, desde los servicios de inteligencia que vigilan y localizan los cultivos hasta los equipos operativos que actúan sobre el terreno. Los protocolos para destruir las plantaciones consisten en desplegar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde los helicópteros y localizar los cultivos que deben erradicarse, mientras la tripulación de la aeronave vigila el horizonte para detectar amenazas. Durante la operación, el helicóptero proporciona apoyo táctico y logístico. Una vez destruidas las plantas, los agentes vuelven a embarcar para regresar a la base.
Sabiendo todo esto, las fuerzas del ELN emplearon drones FPV en tareas de inteligencia y lograron detectar las zonas de despliegue policial mediante una operación coordinada entre diferentes estructuras armadas. La combinación de UAS y equipos terrestres permitió cartografiar durante varias semanas los puntos de desembarco policial. Asimismo, los grupos irregulares se posicionaron en las zonas seleccionadas e instalaron minas terrestres con capacidad suficiente para inutilizar al destacamento. Las misiones estatales tratan de debilitar a las guerrillas sin romper los procesos diplomáticos, por lo que la destrucción de las plantaciones busca expulsar a los actores armados y recuperar el control territorial.
El control territorial permanece en buena medida en manos de los grupos no estatales. Gracias a las mejoras introducidas en el manejo de drones, el ELN dispone de medios aéreos para realizar barridos tácticos. Además de obtener información en tiempo real, sus fuerzas operativas pueden desplegar enjambres de drones para obstaculizar la actuación policial.
La adopción de estas tácticas combinadas y el dominio de técnicas aprendidas en otros conflictos culminaron en la acción del 21 de agosto de 2025. Las fuerzas policiales fueron sorprendidas después de completar el vuelo desde sus bases hasta las zonas de despliegue. Durante el descenso del helicóptero, las minas se activaron y alcanzaron tanto a la aeronave como a sus ocupantes. El impacto inutilizó el aparato y causó la baja de los once integrantes del operativo, mientras un grupo de guerrilleros posicionado en la zona grababa el ataque.
El atentado representa un hito significativo en la mutación de los conflictos en el continente. Se trata de una de las primeras acciones de esta naturaleza en Colombia que evidencia una ruptura de la superioridad estatal y proporciona a las fuerzas no estatales una importante victoria frente al Estado. Sus implicaciones son múltiples. En el plano económico, supuso la pérdida de una aeronave de origen estadounidense que Colombia no puede fabricar y cuya reposición depende de transferencias exteriores. En el plano estratégico, inutilizó una de las escasas capacidades operativas disponibles en el área. En consecuencia, la pérdida del UH-60 Black Hawk favorece la capacidad insurgente para disputar el espacio aéreo local.
Infraestructuras
El departamento del Cauca se ha convertido en el epicentro de los ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC, que intensificaron su actividad militar durante 2025 tras la ruptura del proceso diplomático con la Administración de Petro. Las disidencias pasaron a combatir directamente a las fuerzas regulares mediante drones empleados como instrumento de hostigamiento. Sus principales objetivos fueron las infraestructuras policiales y militares de distintos municipios. La insuficiencia de medios defensivos limitó la capacidad de respuesta estatal frente a esta superioridad técnica y táctica (El Colombiano, 2025).
La falta de movilidad y adaptación de las instituciones regulares concentra sobre ellas los ataques de las guerrillas, que aprovechan el conocimiento del terreno y su mayor movilidad para causar daños. Los cuerpos policiales deben contener una amenaza para la que disponen de medios insuficientes y, al mismo tiempo, gestionar el pánico social provocado por los hostigamientos con drones, lo que no es fácil. Las guerrillas, lógicamente, explotan esta situación crítica e intensifican la búsqueda de operadores y mediadores capaces de adquirir equipos comerciales. Así las cosas, en muy poco tiempo, la capacidad operativa de los drones ha evolucionado hasta desbordar los protocolos de actuación y las defensas del Estado. En abril de 2025, las operaciones de hostigamiento evidenciaron la consolidación de esta capacidad y un esfuerzo sostenido de inversión, formación y desarrollo de operadores. Los corredores estratégicos permiten, además, adaptar equipos y capacitar personal sin intervención estatal, lo que amplía la brecha asimétrica.
¿Ya eres miembro? Inicia sesión
Be the first to comment