La protección de las infraestructuras críticas marinas y submarinas

Las infraestructuras críticas ya no se concentran únicamente en tierra firme. Una parte creciente de la energía que consumimos, de los datos que intercambiamos y de la capacidad militar que proyectamos depende de gasoductos, cables, puertos y bases navales situados bajo o junto a la lámina de agua. El dominio submarino, discreto y difícil de vigilar, se ha convertido en escenario privilegiado de la competencia estratégica y de las operaciones en la denominada “zona gris”, donde la línea entre accidente, sabotaje y acto de guerra se difumina peligrosamente. Algo que afecta particularmente a España, un país situado en la encrucijada entre Atlántico y Mediterráneo y que concentra un número significativo de estas infraestructuras, lo que multiplica tanto su relevancia como su exposición. A lo largo del siguiente artículo, analizamos la evolución de las amenazas y el impacto de las tácticas en la Zona Gris, hablamos sobre las principales infraestructuras marinas y submarinas críticas de nuestro interés y exploramos cómo deben diseñarse los sistemas de detección y protección para que sean eficaces, destacando el papel que empresas como SAES pueden jugar en ello.

Índice

• Introducción
• La evolución de las amenazas y las tácticas en la Zona Gris
• Nuevas capacidades contra infraestructuras submarinas
• Lecciones recientes: ductos, cables y otros casos de referencia
• ¿Cómo combatir las amenazas?
• ¿Cómo se diseña un sistema de protección de infraestructuras críticas marinas y submarinas?
• El papel de SAES en la protección de infraestructuras críticas submarinas
• Conclusiones y recomendaciones

Introducción

Las sociedades avanzadas dependen hoy de una red densa y compleja de infraestructuras críticas cuya continuidad condiciona la seguridad nacional, la estabilidad económica y, en última instancia, la vida cotidiana de los ciudadanos, cuyo bienestar debe defender el Estado. Energía, datos, comercio y comunicaciones se sostienen sobre nodos y corredores que, en un número creciente de casos, ya no están en tierra firme, sino sobre y bajo la lámina de agua. Desde los grandes puertos y bases navales, a los gasoductos y oleoductos submarinos, los cables de fibra óptica que cruzan océanos, los centros de datos que en los próximos años se construirán cada vez más bajo las aguas o los proyectos de generación energética offshore, el número de puntos a proteger no deja de crecer y, previsiblemente, seguirá aumentando durante décadas.

Esta realidad añade una capa de complejidad a la hora de dotar de resiliencia a la economía y la sociedad, un término de moda, pero no por ello menos importante. Como sabemos, durante mucho tiempo, el debate sobre infraestructuras críticas se centró casi exclusivamente en instalaciones terrestres y además, en su mayoría, tierra adentro: centrales eléctricas, redes de transporte, hubs logísticos interiores o centros de datos en superficie, por citar solo unos pocos. Sin embargo, la progresiva “marinización” de la energía y de la información ha desplazado una parte esencial de la vulnerabilidad hacia el dominio marítimo y, especialmente, hacia el espacio submarino, como hemos visto en los artículos que hemos dedicado en el pasado a varios de estos temas. Así, la energía llega a través de tuberías tendidas sobre el fondo marino, los datos que sostienen la economía digital viajan encapsulados en cables que descansan a cientos o miles de metros de profundidad, y algunos de los nodos militares y logísticos más sensibles se sitúan precisamente en la interfaz costa–mar, como ocurre en Rota, en Ferrol o en Cartagena, pero no sólo.

Este cambio no es solo cuantitativo, sino cualitativo. La sospecha de sabotaje sobre grandes gasoductos en el mar Báltico o los incidentes recientes que han afectado a cables y ductos en espacios marítimos europeos han demostrado que la competencia estratégica se libra también en el lecho marino y que son muchos los actores que, incluso con medios relativamente sencillos, pueden causar daños notables, como en el caso del Nord Stream. Es más, un ataque contra un número limitado de infraestructuras, cuidadosamente seleccionadas, puede desencadenar efectos de gran alcance en el suministro energético, en la conectividad digital o en la confianza de los mercados, sin necesidad de recurrir a operaciones de gran escala ni de provocar víctimas directas o, en el peor de los casos, con un número muy limitado de estas. La combinación de alta criticidad, baja visibilidad pública y dificultad de acceso convierte estas infraestructuras en objetivos especialmente atractivos para actores que busquen operar en los márgenes de la confrontación abierta, es decir, en la Zona Gris, una franja del espectro de los conflictos que, como explicamos en su momento, es empleada como herramienta de control de la escalada.

Al mismo tiempo, la densidad de activos bajo el mar no deja de aumentar. Cada nuevo cable que enlaza continentes, cada interconexión energética, cada parque eólico offshore o nueva instalación portuaria incrementa el volumen de servicios esenciales que dependen del medio marino… y amplía, en paralelo, la exposición frente a actores hostiles, cuyo número también crece, pues más allá de los Estados, es previsible que en el corto y medio plazo algunos elementos no estatales puedan contar con capacidad para infligir enormes daños a estas infraestructuras. Su protección, por tanto, ya no puede concebirse como un asunto sectorial reservado a los operadores de energía o telecomunicaciones; se ha convertido en un problema de seguridad nacional con una fuerte dimensión marítima y submarina, lo que implica la participación de instituciones públicas, tanto civiles como militares, pero también privadas, de cara a su defensa.

En este contexto, la comunidad de defensa se enfrenta a un doble reto. Por una parte, debe comprender de forma sistemática cómo están evolucionando las amenazas contra infraestructuras críticas, con especial atención al modo en que actores estatales y no estatales utilizan el dominio submarino para llevar a cabo acciones en dicha Zona Gris. Por otra, ha de contribuir al diseño y despliegue de sistemas de detección, vigilancia y protección que permitan reducir vulnerabilidades de manera razonablemente en términos de coste-efectividad-eficiencia, elevando el umbral de riesgo para cualquier potencial agresor y mejorando la resiliencia del conjunto del sistema.

Esa es la razón de ser de este artículo que aborda, en primer lugar, la evolución de las amenazas y la consolidación de la Zona Gris como espacio preferente de actuación contra infraestructuras críticas marinas y submarinas, sin menospreciar la posibilidad de un conflicto de alta intensidad, nada descabellado dada la situación en los flancos sur y este. A continuación, se examina el caso concreto de España, identificando las principales infraestructuras marinas y submarinas de carácter crítico y los rasgos específicos de su perfil de riesgo. Sobre esa base, se presentan los criterios fundamentales que se siguen de cara al diseño de sistemas de detección y protección, así como las diversas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado. Finalmente, se estudia el papel que desempeña la empresa española SAES (S.A. de Electrónica Submarina, S.M.E.), detallando sus capacidades y los productos específicos que ha desarrollado en los últimos años, orientados a la protección de este tipo de infraestructuras.

Evolución de las amenazas y la Zona Gris

La protección de infraestructuras críticas submarinas no puede entenderse al margen de la evolución general de las amenazas en el ámbito de la seguridad y la defensa. En apenas unas décadas se ha pasado de un escenario dominado por la lógica de la confrontación convencional a gran escala y entre potencias pares a uno en el que el foco estaba puesto en la proyección, la lucha contrainsurgencia y la estabilización y, finalmente, a otro en el que priman las formas híbridas y la competición prolongada bajo el umbral de la guerra declarada. El dominio submarino y el lecho marino -aunque es atrevido hablar por ahora de dominios ya que no hay acuerdo al respecto y no están incluidos como tales en ninguna doctrina-, por su discreción y complejidad técnica, se han revelado especialmente aptos para este tipo de acciones.

En la etapa de la Guerra Fría, la amenaza contra infraestructuras submarinas se asociaba sobre todo a capacidades militares estatales: submarinos capaces de intervenir sobre cables estratégicos, campañas de minado ofensivo en accesos portuarios, operaciones de fuerzas especiales conducidas por buceadores de combate y todo tipo de acciones de sabotaje en el contexto de un conflicto abierto, eran lo esperado. Ahora bien, aunque se contemplaban escenarios de guerra en los que estas infraestructuras podían ser objetivo del enemigo, existían relativamente claras líneas rojas y un marco político–estratégico que acotaba el uso de esos medios, al menos en lo que a los dos bloques principales se refiere.

Hoy el panorama es mucho más difuso. La competición entre grandes potencias, la fragmentación del entorno de seguridad y la proliferación de actores no estatales con capacidades tecnológicas avanzadas han impulsado la generalización de los que algunos denominan como “guerra híbrida” y que, para lo que nos concierne, denominaremos acciones en la Zona Gris. Una amalgama de combinaciones que emplean herramientas que van desde la presión diplomática a la coerción económica, campañas de desinformación, ciberataques y acciones físicas limitadas, siempre cuidadosamente calibradas para mantenerse en esa franja intermedia entre la paz formal y la guerra abierta. En este contexto, las infraestructuras críticas, y en particular las situadas bajo el mar, se han convertido en vectores privilegiados de presión y señalización estratégica, como se ha demostrado desde que comenzara la guerra de Ucrania.

Las posibilidades son muchas. Desde un sabotaje que reduce temporalmente la capacidad de un gasoducto, a otro capaz de alterar la conectividad digital de un país o afectar al funcionamiento de un puerto, lo cierto es que son muchas las acciones susceptibles de generar tensiones políticas, costes económicos y una sensación de vulnerabilidad en la opinión pública, sin necesidad de escalar a hacia una conflagración generalizada. No hay que olvidar que la dificultad para atribuir con rapidez y certeza este tipo de acciones a un autor concreto, tanto por las características del entorno como por la maraña de actores implicados en la gestión de las infraestructuras, proporciona al agresor un margen de ambigüedad que explotar en su beneficio. En este contexto, la negación de la autoría (como cuando Ucrania derribó buena parte del puente de Crimea), la insinuación de que se trata de un accidente o la siembra deliberada de dudas en el debate público (modo de operar habitual de Rusia) forman parte del propio diseño de la operación.

Es precisamente aquí donde cobra relevancia el concepto de Zona Gris. Con esta expresión se alude a ese espacio intermedio en el que los Estados -y, en ocasiones, otros actores- llevan a cabo operaciones deliberadas con el propósito de modificar el statu quo, testar la resiliencia y determinación del adversario o erosionar sus capacidades, sin cruzar claramente el umbral que activaría mecanismos formales de defensa colectiva o justificaría una respuesta militar contundente. La Zona Gris no es un lugar, sino una forma de actuar: gradualista, ambigua y difícil de encajar en las categorías tradicionales de paz o guerra que, sin embargo, es constantemente empleada. Ejemplos sobran, desde las acciones de Wagner Group en su momento a China construyendo bases militares en islas artificiales o del empleo de la inmigración por parte de Marruecos o Rusia como arma al lanzamiento de globos desde Bielorrusia contra los países bálticos y el sobrevuelo de aeropuertos y bases aéreas o plantas de producción militar con drones sin identificar.

En el ámbito de las infraestructuras submarinas, la zona gris se manifiesta en operaciones discretas de baja firma, ejecutadas a menudo por medios que se confunden con la actividad civil ordinaria. Vehículos submarinos no tripulados, embarcaciones aparentemente comerciales, equipos reducidos de buceadores apoyados por yates o pesqueros y otros vectores análogos permiten acercarse a cables, ductos o estructuras portuarias sin levantar sospechas hasta el momento de la acción; luego, suele ser demasiado tarde, requiriéndose de una intensa y costosa labor forense hasta determinar los procedimientos y la autoría del ataque, y eso cuando se puede. Las condiciones propias del medio -profundidad, corrientes, escasa presencia de testigos, dificultad técnica de las investigaciones- ofrecen un terreno propicio para que cualquier incidente pueda ser presentado como un suceso fortuito, mientras no haya pruebas concluyentes de lo contrario. Junto a ello, el empleo de intermediarios, empresas pantalla o incluso PMCs contribuye a diluir aún más la cadena de responsabilidad política, pero no el daño, que suele ser importante y de carácter estratégico.

La evolución tecnológica ha amplificado este potencial. Los vehículos submarinos y de superficie no tripulados son cada vez más compactos, silenciosos, autónomos y asequibles. Plataformas que hace pocos años solo estaban al alcance de un puñado de armadas se encuentran hoy, en versiones menos sofisticadas, pero operativamente útiles, disponibles en mercados que no siempre están sometidos a controles estrictos. Incluso cabe la posibilidad de producirlos uno mismo con pocos medios, ya que muchos componentes son COTS y pueden adquirirse con relativa facilidad en mercados internacionales, blancos, grises o negros. Estos sistemas pueden emplearse para tareas de reconocimiento detallado del trazado de un cable, para la instalación encubierta de sensores de escucha, para la colocación de cargas o, simplemente, para documentar con precisión el entorno físico de una infraestructura a fin de identificar sus puntos más vulnerables.

Paralelamente, la mejora de los equipos de buceo y de las cargas útiles accesibles para actores no estatales ha ampliado el abanico de amenazas. Equipos de inmersión más fiables y compactos, sistemas de propulsión individual y explosivos de reducido tamaño, pero alta potencia, facilitan la realización de misiones a mayor profundidad y durante tiempos más prolongados. A ello se suma un factor menos visible pero igualmente decisivo: el acceso a la información, con todo lo que esto implica en términos de difusión de la tecnología bélica. Por si esto no fuese suficiente, ha de tenerse también en cuenta que, superado el primer cuarto del siglo XXI, la combinación de fuentes abiertas, documentación técnica disponible en internet, imágenes comerciales de alta resolución y datos de tráfico marítimo permite reconstruir con un grado significativo de precisión el trazado de ductos y cables, la ubicación de estaciones repetidoras, la estructura de plataformas petrolíferas y de bases navales o la localización de puntos singulares cuya neutralización tendría efectos especialmente graves.

Los ciberataques añaden una dimensión adicional a este cuadro. La posibilidad de combinar acciones físicas sobre una infraestructura con operaciones en el ciberespacio dirigidas contra sus sistemas de control, sus comunicaciones o sus empresas gestoras multiplica el potencial de impacto y dificulta la respuesta. Un corte en un cable o una avería “accidental” en una estación repetidora acompañados de una campaña de intrusión o de desinformación pueden confundir a los operadores, retrasar la detección del problema o sembrar dudas sobre su origen real, al tiempo que multiplican los efectos, al producirse sinergias. De este modo, la protección de infraestructuras críticas submarinas ya no puede abordarse únicamente desde la óptica de su “endurecimiento” físico; exige un enfoque integral que abarque sensores, ciberseguridad, resiliencia operativa y coordinación interinstitucional.

Los incidentes registrados en el entorno europeo en los últimos años constituyen, en cada caso, nuevas lecciones que han acelerado esta toma de conciencia entre los Estados miembros de la UE. Las explosiones que dañaron tramos de gasoductos en el Báltico, los cortes y averías en cables de comunicaciones y otros sucesos de naturaleza controvertida han mostrado hasta qué punto es real la posibilidad de ataques complejos contra infraestructuras energéticas y de datos situadas en aguas internacionales o en zonas marítimas de alta sensibilidad. En varios de estos casos se repiten rasgos comunes: se producen en regiones en las que convergen rutas energéticas y de comunicaciones de gran valor estratégico; afectan a infraestructuras cuya interrupción, incluso limitada en el tiempo, tiene efectos significativos sobre precios, confianza y capacidad de maniobra política; y plantean serias dificultades técnicas y diplomáticas para atribuir con rapidez y claridad la autoría. Además, no puede obviarse la amenaza que suponen las armas de largo alcance y bajo coste que Rusia produce ya mensualmente por miles y que, aunque exceden la Zona Gris para ir directamente al negro, están ahí. En este sentido, la posibilidad, llegado el caso de un ataque estratégico subnuclear contra intereses en suelo europeo, no debe descartarse, lo que obligará a destinar cuantiosos recursos tanto a defensas aéreas como a armas capaces de ejercer disuasión, devolviendo si es necesario los golpes.

Desde la óptica militar y de seguridad, y volviendo particularmente a la Zona Gris y a la amenaza sobre las infraestructuras críticas marinas y submarinas, estas experiencias recientes apuntan a varias conclusiones de fondo. La primera es la necesidad de desarrollar una conciencia situacional mucho más robusta que la existente hasta ahora. No basta con vigilar los accesos portuarios o las zonas costeras inmediatas: el ámbito de interés se extiende a amplias áreas donde discurren cables y ductos, y donde pueden producirse acciones hostiles con un grado de discreción muy elevado. La segunda es la constatación de que la frontera entre lo accidental y lo deliberado es cada vez más fina, lo que obliga a dotarse de capacidades de investigación técnico–forenses avanzadas y de mecanismos de intercambio de información ágiles entre aliados, operadores y autoridades nacionales. La tercera es que el factor tiempo resulta crítico: en un entorno de Zona Gris, el agresor cuenta con la ventaja de la iniciativa, y cualquier retraso en la detección de un ataque, en la recopilación de pruebas o en la construcción de una narrativa coherente reduce el efecto disuasorio de la respuesta que pueda articularse después.

Por último, se hace evidente que la dimensión aliada y multinacional es ineludible. En regiones densamente interconectadas, las infraestructuras energéticas y de comunicaciones son, con frecuencia, transnacionales por diseño. Los efectos de un corte en un cable o una avería en un gasoducto raramente, por no decir nunca, afectan a un único país; sus consecuencias se irradian a socios y vecinos. En ese contexto, la protección de infraestructuras críticas marinas y submarinas exige marcos de cooperación sólidos, tanto para la vigilancia como para la respuesta. Es desde esta perspectiva, marcada por la evolución de las amenazas y la expansión de la Zona Gris, desde la que debe analizarse el caso español y la forma en que nuestro país protege -y debe seguir reforzando- su carácter crítico.

Nuevas capacidades contra infraestructuras submarinas

La evolución tecnológica de las dos últimas décadas ha ampliado de forma notable el abanico de herramientas disponibles para los potenciales agresores. Si hasta ahora apenas países como los Estados Unidos o la Federación Rusa contaban con capacidades relevantes, tres tendencias imparables se han coaligado hasta producir un vuelco en la situación:

• Generalización de los vehículos no tripulados (UUV y USV): plataformas cada vez más compactas, silenciosas y asequibles permiten aproximarse a cables, ductos o estructuras portuarias con un grado de discreción imposible hace apenas unos años. Pueden emplearse para reconocimiento, instalación de sensores, colocación de cargas o simplemente para obtener información precisa sobre la configuración de una infraestructura.
• Mejora en los equipos de buceo y carga útil: la disponibilidad comercial de equipos de buceo avanzados, incluyendo los de ciclo cerrado, más discretos, sistemas de propulsión eléctricos para buceadores y cargas de demolición compactas facilita que actores bien entrenados puedan operar a mayor profundidad y durante más tiempo, aumentando el abanico de objetivos alcanzables y el tipo de acciones que pueden ejecutarse.
• Acceso a información detallada sobre infraestructuras: la combinación de fuentes abiertas (OSINT), documentación técnica disponible en la red, imágenes comerciales de alta resolución y datos de tráfico marítimo permite reconstruir con bastante precisión el trazado de cables y ductos, la localización de estaciones repetidoras, nodos de interconexión o zonas de mayor vulnerabilidad estructural.

A esta “democratización” de capacidades se suma, como hemos señalado anteriormente, la posibilidad de combinar acciones físicas con ciberataques contra los sistemas de mando y control, escalando el impacto y complicando la respuesta.

Además, aunque por el momento no parece una amenaza a corto plazo, no debe menospreciarse la posibilidad de que ciertos actores transnacionales como algunas redes de crimen organizado, con agenda propia (a veces al servicio de terceros, no lo olvidemos) puedan terminar por interesarse por las debilidades que los Estados que los combaten muestran en este ámbito. Al fin y al cabo, con el dinero por castigo y conocimientos importantes en materias de drónica o construcción de submarinos, por ejemplo, algunos carteles podrían considerar adecuado alquilar sus servicios o incluso llegar a plantear chantajes…

Lecciones recientes: ductos, cables y otros casos de referencia

Los acontecimientos de los últimos años en el entorno europeo ofrecen un conjunto de lecciones que han impulsado el debate sobre la protección de infraestructuras submarinas. El caso Nord Stream en 2022, que dañó de forma grave varios tramos de gasoducto en el Báltico, evidenció la posibilidad real de ataques complejos contra infraestructuras energéticas situadas en aguas internacionales, en un contexto de alta tensión geopolítica. Lo que es casi más interesante que el propio ataque en sí; la posibilidad de negación y los múltiples intereses que convivían por parte de numerosos actores impidieron atribuir la responsabilidad de la acción a Ucrania, siendo mayoría los que pensaron(mos) que el Kremlin, amortizada la infraestructura tras la ruptura de relaciones con Alemania, estaba detrás.

Desde entonces, se han registrado muchos otros ataques, algunos de autoría menos dudosa (como los que han golpeado buques en Sebastopol, Odesa o Novorossiysk) y otros todavía por resolver, como los relacionados con cables de comunicaciones y gasoductos en el Báltico. No es de extrañar que hayan planteado dudas sobre la frontera entre accidentes y sabotaje, ni tampoco que, al mismo tiempo, hayan forzado a una reacción por parte de los Estados ribereños y la OTAN, aumentando estos su presencia y vigilancia en la zona. Los paralelismos, en cualquier caso, son interesantes, pues muchos de estos episodios comparten elementos comunes:

• se producen en áreas donde confluyen rutas energéticas y de comunicaciones de alto valor estratégico;
• afectan a infraestructuras cuya interrupción, aunque sea limitada en el tiempo, tiene consecuencias económicas y políticas significativas;
• y presentan, en mayor o menor medida, dificultades técnicas y políticas para atribuir con certeza la responsabilidad, al menos en los primeros compases de la crisis.

Desde el punto de vista militar y de seguridad, estas lecciones apuntan a varias conclusiones:

1. La protección de infraestructuras críticas submarinas requiere vigilancia permanente y conciencia situacional marítima ampliada, más allá de las zonas portuarias o costeras tradicionales. Desgraciadamente, ya no basta con vigilar la superficie en la confianza de que cualquier submarino, dado su tamaño, será detectado a tiempo. Por el contrario, es necesario desarrollar capacidades de “undersea domain awareness” que integren sensores submarinos, plataformas no tripuladas y sistemas avanzados de procesado de señales, preferentemente apoyados por herramientas de IA que aceleren los ciclos de detección y procesado, ofreciendo un margen temporal lo más amplio posible (por el momento) al decisor humano.
2. La frontera entre lo accidental y lo deliberado es cada vez más difícil de trazar, lo que obliga a mejorar tanto la capacidad de investigación técnico-forense como los mecanismos de intercambio de información entre aliados y operadores.
3. Los tiempos de respuesta política y operativa son críticos. En un entorno de Zona Gris, el agresor cuenta con la ventaja del tiempo y la iniciativa; retrasos en la identificación del incidente, en la obtención de pruebas o en la articulación de una narrativa coherente pueden reducir el efecto disuasorio de cualquier medida que se adopte después, como se ha dicho. Lo que es peor, dependiendo del tipo de ataque, pueden producirse crisis internas al quedar en evidencia la capacidad de un Gobierno para garantizar la seguridad. O, incluso, puede producirse una respuesta anticipada y desproporcionada, dada la necesidad de aparentar control de la situación y fortaleza, lo que puede provocar escaladas involuntarias o crisis regionales de todo tipo.
4. La dimensión aliada y multinacional no puede obviarse. Aunque la seguridad pueda depender, en última instancia, de cada Estado, en regiones densamente interconectadas, como el Báltico o el Mediterráneo, las infraestructuras energéticas y de comunicaciones suelen ser transnacionales, de modo que cualquier incidente tiene implicaciones que trascienden la jurisdicción de un único actor. Esto obliga a establecer todo tipo de mecanismos de control combinados, a incrementar la interoperabilidad y, por supuesto, a dotarse de definiciones y doctrinas lo más homogéneas que sea posible, para evitar malentendidos o respuestas desacompasadas.

España, por supuesto, es de todo menos una excepción. No en vano, en nuestra zona de responsabilidad confluyen rutas energéticas, cables de comunicaciones y nodos portuarios esenciales para Europa y el Atlántico. Además, con el agravante de que las decisiones políticas de las últimas décadas han terminado por dejar a las Fuerzas Armadas sin capacidad de Patrulla Marítima y que, los pasos dados para recuperarla, se han visto afectados tanto por decisiones erróneas de adquisición (aunque comprensibles desde el punto de vista industrial) como por el enfrentamiento que actualmente mantenemos con Israel y que afecta a la llegada de sistemas vitales, los cuales deben ser reemplazados por opciones posiblemente menos capaces, sufriendo por el camino retrasos.

¿Cómo combatir las amenazas?

La aceleración de las amenazas sobre las infraestructuras submarinas ha ido acompañada de un crecimiento notable del mercado de soluciones tecnológicas destinadas a su protección, como no podía ser de otra forma. Informes recientes estiman que el segmento de sistemas y servicios de seguridad submarina crecerá de forma sostenida a lo largo de esta década, impulsado por la demanda de marinas de guerra, FCSE, autoridades portuarias, operadores energéticos y proveedores de comunicaciones que buscan reforzar su resiliencia frente a ataques híbridos y sabotajes discretos.

Aunque la oferta es muy diversa, puede distinguirse un primer bloque de soluciones centradas en la detección y vigilancia submarina. Se trata, sobre todo, de sistemas sonar dedicados a la protección de puertos, fondeaderos, buques de alto valor y plataformas offshore, capaces de anticipar la llegada de buceadores, vehículos submarinos no tripulados y otros contactos de interés a corta y media distancia (en todo caso, unos pocos kilómetros, y solo cuando esto es posible). A ellos se suman sonares remolcados de mayor alcance, concebidos inicialmente para guerra antisubmarina, pero que resultan igualmente útiles para generar conciencia situacional en áreas donde discurren cables o ductos críticos. En los últimos años se han incorporado también sistemas híbridos que combinan sensores acústicos con sensores electromagnéticos y de presión, buscando reducir las zonas ciegas y mejorar la capacidad de clasificación de amenazas en entornos complejos. De hecho, el desarrollo de soluciones está siendo fulgurante y todo indica que estas seguirán complejizándose y perfeccionándose, pues no queda otra.

Un segundo bloque lo ocupan las plataformas no tripuladas, tanto submarinas como de superficie. Los vehículos submarinos autónomos (USV) y los UUV de menor tamaño se emplean para inspeccionar trazados de cables y tuberías, comprobar el estado de las protecciones físicas, cartografiar el entorno inmediato de una infraestructura o investigar incidentes. Los USV, por su parte, pueden mantener patrullas persistentes sobre un área de interés, portando sensores acústicos, electroópticos o de guerra electrónica, y actuar como extensores de la red de vigilancia sin exponer plataformas tripuladas. Con el añadido, muy importante, de que la disponibilidad de múltiples plataformas de distintos tamaños y costes operando al unísono permiten conformar una red de sensores y, con ello, aprovecharse de las ventajas del multiestatismo, en el que no entraremos pues ya las explicamos en su momento en un artículo específico.

Junto a ellos se ha consolidado un conjunto de soluciones de protección pasiva y refuerzo físico que pueden parecer de otro tiempo, pero que mantienen su utilidad. En aguas relativamente someras, donde las amenazas principales son el arrastre de anclas, la pesca o el posible sabotaje directo, los operadores recurren a recubrimientos especiales, tuberías articuladas, estructuras de protección y, también, al enterramiento selectivo de cables y tuberías. Estos elementos no impiden por sí solos una acción deliberada bien preparada, pero elevan el umbral de esfuerzo necesario y reducen sustancialmente el riesgo de daños accidentales, que hoy siguen representando una parte muy significativa de los incidentes registrados. Además, siempre queda la colocación de redes y barreras físicas de todo tipo, tan común en muchas bases navales contra buceadores, torpedos o vehículos no tripulados.

La innovación más reciente se ha centrado en transformar las propias infraestructuras en sensores. Tecnologías de sensorización distribuida por fibra óptica permiten utilizar los cables como sensores continuos de vibración, temperatura o deformación a lo largo de decenas de kilómetros. Esta capacidad, combinada con algoritmos avanzados de análisis de señales, hace posible detectar patrones característicos -desde el arrastre prolongado de un ancla hasta el paso repetido de una embarcación sobre el mismo punto- y proporcionar evidencias más sólidas para la atribución de incidentes. De esta forma, si hace unas semanas hablábamos sobre cómo las trincheras del futuro dejarán de ser frías y húmedas posiciones excavadas en la negra tierra, para convertirse en nodos de un sistema de detección multisensor mucho mayor, lo mismo está ocurriendo con algunas infraestructuras críticas, en una tendencia que no deja de agudizarse por mor de las posibilidades técnica y las circunstancias de seguridad.

Todo ello se integra en sistemas de mando, control y fusión de datos que han pasado a ocupar un lugar central en la oferta del mercado. Los proveedores ya no se limitan a vender sensores aislados, sino que proponen soluciones de software que combinan información submarina, datos de tráfico marítimo, imágenes de radar y cámaras, información meteorológica y, en algunos casos, fuentes de inteligencia externas. Algo que, dicho sea de paso, debe ser objeto de atención prioritaria, pues el país que en los próximos años no tenga soberanía en materia de software, por más que pueda incluso producirse los componentes físicos o parte de ellos, caerá en una dependencia insostenible. En cualquier caso, volviendo sobre la idea, el objetivo de los fabricantes pasa por ofrecer a las autoridades y a los operadores un cuadro coherente de la situación, con herramientas de análisis de patrones, detección de anomalías y generación de alertas tempranas, de manera que la respuesta pueda activarse antes de que un incidente alcance su máxima gravedad. Lo mismo, en muchos sentidos, que puede verse en el dominio cibernético, al monitorizar tráficos de red, direcciones IP y un sinfín de factores para adelantarse a los ataques en lo posible.

En paralelo al desarrollo tecnológico, el mercado se ha sofisticado también en términos de modelos de servicio, que ha cambiado por decirlo de alguna forma, de la compra al leasing o a la oferta de paquetes completos. Así las cosas, junto a las adquisiciones clásicas de sistemas completos, empiezan a cobrar fuerza fórmulas basadas en la provisión de servicios de vigilancia: empresas o consorcios que operan, en nombre del cliente, redes de sensores distribuidas, centros de análisis y capacidades de respuesta, facturando por disponibilidad de servicio o por nivel de protección y garantizándose, de paso, ingresos recurrentes, al tiempo que el cliente obtiene a cambio un servicio 24/7. Esta tendencia encaja bien con las necesidades de algunos operadores civiles que no pueden (el coste no es baladí), o no desean, desarrollar internamente todas las capacidades necesarias para proteger sus activos submarinos.

El contexto europeo añade una capa adicional de dinamismo. La Comisión Europea y varios Estados miembros han puesto en marcha iniciativas específicas para reforzar la vigilancia de infraestructuras submarinas, incluyendo cables de comunicaciones, interconexiones eléctricas y gasoductos, así como planes para disponer de medios de reparación rápida en caso de sabotaje. Estos programas constituyen un marco de financiación y cooperación que estimula a la industria europea a desarrollar soluciones avanzadas y, al mismo tiempo, abren oportunidades para todas aquellas empresas que puedan ofrecer soluciones tecnológicas de alto valor añadido en nichos como la acústica submarina y la integración de sensores, algo de lo que por suerte, en España vamos servidos.

Antes de entrar en ello, no obstante, cabe cerrar el apartado aclarando que, en este escenario, el desafío para usuarios y proveedores no es solo tecnológico, sino también económico y político. A la hora de planificar cualquier adquisición han de tenerse en cuenta elementos como las dependencias, la interoperabilidad entre sistemas de distintos fabricantes, la necesidad de encajar las soluciones en arquitecturas de mando y control existentes o previstas, tanto nacionales como aliadas, la soberanía sobre determinados componentes críticos y, por supuesto, la protección de la propiedad intelectual y de los datos generados por los sistemas. Estas, aunque a muchos puedan parecerle poco relevantes, son cuestiones que pesan cada vez más en las decisiones de compra. Por ello, aquellos Estados que apuesten por una combinación equilibrada de capacidades nacionales y cooperación internacional estarán mejor situados para garantizar tanto su resiliencia como su autonomía de decisión, ya que no hay una solución perfecta y, desde luego, ninguna potencia, al menos media como es España, está en situación de apostar por la plena autarquía en esta materia.

¿Cómo se diseña un sistema de protección de infraestructuras críticas marinas y submarinas?

Diseñar un sistema de protección de infraestructuras críticas marinas y submarinas exige un enfoque por capas que combine análisis de riesgo, caracterización ambiental, sensórica multimodal y planes de reacción proporcionales a la amenaza probable. Todo ello sin perder de vista el objetivo final, que es mantener la continuidad de servicios esenciales -como cables de comunicaciones o conducciones energéticas- reduciendo al mínimo la probabilidad de intrusión, sabotaje o daño accidental, y evitando a la vez falsas alarmas en un medio físico especialmente complejo. También el secundario, pues en caso de que las defensas fallen, los datos obtenidos deben ser los máximos posibles de forma que la labor forense quede garantizada y permita una rápida atribución, una respuesta adecuada y, también, la mejora posterior del sistema.

El punto de partida no puede ser otro que la definición del activo a proteger y su nivel de criticidad. No basta con saber qué hay en el fondo; hay que entender qué impacto tendría su interrupción y qué segmentos son más vulnerables: zonas de reposo de cables, cruces de rutas marítimas, pasos estrechos, áreas de fondeo o tramos próximos a puertos. Esta delimitación permite establecer un perímetro de protección realista y priorizar recursos hacia aquellos puntos en los cuales la combinación de impacto y exposición sea mayor.

El segundo paso es una evaluación estructurada de las amenazas, tanto posibles como probables, ya que esto permite “afinar el tiro”, reduciendo los costes y mejorando la efectividad. En entornos costeros pueden coexistir buceadores, embarcaciones de alta velocidad, vehículos no tripulados de distintos tamaños, minisubmarinos o artefactos colocados en el fondo. Además, hay presencias no hostiles que deben discriminarse correctamente, como fauna marina o tráfico legal. Para orientar el diseño se valoran parámetros operativos (velocidad, profundidad típica, firma radiada), junto con criterios de riesgo (disponibilidad del medio para el atacante, probabilidad de ataque y potencial destructivo). Esta combinación define el “catálogo de escenarios” que el sistema debe cubrir.

A partir de ahí se realiza un estudio de viabilidad de la sensorización, especialmente de los sensores acústicos, ya que suelen ser los más relevantes. En un escenario real se analizan proximidad a la costa, batimetría y perfil del fondo marino. Además, se simulan las prestaciones para decidir cuántos sensores se necesitan y en qué puntos han de ser ubicados. Aplicar herramientas de modelado de prestaciones acústicas permite anticipar zonas de buena cobertura y zonas sombra, estimar alcances plausibles y ajustar la arquitectura antes de proceder con el despliegue del hardware que se estime oportuno. En entornos costeros típicos, unos pocos kilómetros de distancia a la costa y profundidades moderadas ya generan condiciones de propagación suficientemente variables como para justificar este trabajo previo, que muy pocos pueden acometer, dada su complejidad y lo específico de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

La arquitectura sensorial debe tener en cuenta la necesidad de detectar múltiples tipos de influencias. Es cierto, como decíamos, que los sensores acústicos son el núcleo habitual, pero también que su acción refuerza siempre que sea posible detectar otras firmas. Por ello, se combinan:

• Acústica pasiva, para detectar energía radiada por la amenaza. Resulta especialmente útil frente a plataformas con maquinaria y propulsión.
• Acústica activa, para confirmar contactos y detectar objetivos de baja emisión.
• Electromagnética, relevante frente a elementos metálicos o plataformas con emisiones asociadas.
• Presión, donde la perturbación hidrodinámica del paso de una plataforma puede ser detectable a distancias cortas.
• Sísmica, aprovechando la transmisión de componentes de muy baja frecuencia al subsuelo marino en ciertos escenarios.

La combinación de modalidades no solo aumenta la probabilidad de detección, sino que mejora la clasificación de las señales, permitiendo caracterizar mejor tanto el tipo de amenaza como sus posibles intenciones.

En la parte acústica, el rendimiento se optimiza mediante configuraciones en array, porque aportan ganancia de directividad. Esto se traduce en una mejora de la relación señal-ruido y en una mayor capacidad de identificación y clasificación[FR1] . El dimensionamiento y la geometría del array concreto se justifican con expresiones de mérito equivalentes a la ecuación sonar: en pasivo, el equilibrio entre nivel de fuente del blanco, ruido ambiental, directividad y umbral de detección; en activo, se integra además la fuerza del blanco reflejante.

La selección de frecuencias es otro aspecto crítico. En sistemas activos, a frecuencias más bajas suele aumentar el alcance potencial y el tamaño físico del sensor, pero se pierde resolución espacial. A frecuencias altas mejora la capacidad de detectar objetos pequeños, a costa de disminuir el alcance. Por ello, una protección eficaz suele combinar bandas, de forma que la vigilancia de área se lleva a cabo con frecuencias más bajas y la verificación o inspección cercana con otras más altas.

En paralelo, pueden incorporarse sensores activos distribuidos en modo multiestático, donde transmisores y receptores separados colaboran para crear una “malla” de detección más robusta a la geometría del entorno. También existen desarrollos de sensores ópticos en configuraciones individuales o distribuidas, orientados a medir perturbaciones locales asociadas a la dinámica del agua, como complemento a las soluciones tradicionales.

En cualquier caso, a la hora de diseñar un sistema de protección el lector ha de tener en cuenta que no es suficiente simplemente con detectar (de ahí que la capacidad de conciencia situacional de nuestro Ejército del Aire y del Espacio más allá de la atmósfera no sirva para cubrir las carencias en medios de defensivos, quedando nuestros satélites desprotegidos frente a cualquier acción enemiga). Por lo tanto, hace falta siempre un sistema de reacción, que puede contar con diversas aproximaciones complementarias:

• Disuasión no letal, como avisos acústicos en agua y aire, cortinas de burbujas o barreras físicas submarinas (redes, cercas u otras estructuras) para dificultar accesos no autorizados.
• Respuesta operativa, basada en la coordinación con unidades de superficie y equipos especializados.
• Neutralización, reservada a autoridades competentes y bajo doctrina y marco legal aplicables, con capacidades específicas para amenazas de alto riesgo, como puede ser el empleo de medios cinéticos de todo tipo.

Finalmente, todo lo anterior debe integrarse en un centro de mando y control con fusión de datos, reglas de alarma basadas en el riesgo potencial que implica cada tipo de amenaza y registro de patrones para un aprendizaje continuo, pues todo dato recolectado se deberá evaluar posteriormente. Solo así un sistema pasa de “oír cosas” a interpretar comportamientos y a escalar la respuesta según la amenaza probable con un margen de error reducido.

En resumen, puede decirse que un sistema bien diseñado debería combinar la planificación por niveles de riesgo y tipos de amenazas, el modelado ambiental, la sensórica multimodal y la posibilidad de ofrecer una respuesta escalonada y personalizada. Es esa suma de capas es la que convierte la protección de infraestructuras críticas submarinas en una capacidad realmente robusta, sostenible y adaptada al entorno; precisamente, aquello a lo que se dedica SAES, como veremos a continuación.

El papel de SAES en la protección de infraestructuras críticas submarinas

Dentro de nuestro particular ecosistema tecnológico e industrial, SAES (S.A. de Electrónica Submarina, S.M.E.) ocupa una posición singular. Se trata de una empresa española especializada en acústica submarina de la que hemos hablado en varias ocasiones, ya que juegan un papel clave en programas como el de los submarinos de la clase S-80 o en el de las fragatas F-110. Con varias décadas de experiencia en el desarrollo de equipos y sistemas para la Armada y para otros clientes nacionales e internacionales, su perfil combina la proximidad a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas con una vocación exportadora creciente y una fuerte orientación hacia la investigación y el desarrollo, a pesar de su reducido tamaño.

Desde el punto de vista tecnológico, el núcleo de las capacidades de SAES reside en el procesado avanzado de señales submarinas, si bien también comercializan sensores, sistemas de simulación o minas navales, entre otros. De hecho, a lo largo de los años, esta compañía cartagenera, que ahora cuenta además con instalaciones en Cádiz, ha desarrollado sonares de distintas clases -remolcados, cilíndricos, de detección de intrusos, sistemas de clasificación acústica- y equipos de influencia para guerra de minas y guerra antisubmarina. Esa experiencia, construida inicialmente en torno a las necesidades de plataformas navales, se ha ido adaptando progresivamente a los nuevos requerimientos de vigilancia y protección de infraestructuras críticas, en particular en el entorno portuario y litoral.

Uno de los productos más relevantes en este ámbito es el DDS-03, un sonar de detección de buceadores concebido para proteger puertos, buques en fondeo e infraestructuras marítimas sensibles frente a amenazas subacuáticas de baja firma. Se trata de un sonar activo de alta frecuencia, con cobertura de 360 grados, capaz de detectar y seguir objetivos múltiples y de discriminar entre buceadores, vehículos submarinos pequeños y otros contactos de menor interés operativo. Este tipo de solución encaja de forma natural en sistemas integrales de protección de bases navales, terminales energéticas costeras o puntos singulares de interconexión donde un acercamiento no detectado de un intruso podría tener consecuencias graves.

Lo importante, en cualquier caso, no es tanto tal o cual equipo, como el hecho de que la empresa ha evolucionado para ir más allá del sensor individual hasta ofrecer sistemas integrados de protección de puertos y otras instalaciones críticas diseñados ad hoc, siguiendo los pasos que se han explicado en el apartado anterior. De esta forma, SAES es capaz de diseñar y construir sistemas integrados de protección de infraestructuras críticas que pueden combinar sensores acústicos pasivos de largo alcance, sonares activos para la detección de intrusos en proximidad y barreras de sensores electromagnéticos en las zonas más cercanas a la infraestructura protegida. La información procedente de todos estos sensores se integra, posteriormente, en un sistema de mando y control que permite generar una imagen coherente del entorno subacuático y activar procedimientos de respuesta adecuados, que pueden ir llegado el caso desde el lanzamiento de mensajes acústicos (útiles contra buceadores, ya que implica que han sido detectados), a acciones cinéticas, como lanzamiento de pequeños torpedos o minas si fuera necesario.

En el campo de la vigilancia de áreas más amplias, pues recordemos que algunas infraestructuras son muy extensas, la empresa aporta también soluciones basadas en sonares remolcados y matrices de arrastre, como su sistema DTAS , orientados a la detección y clasificación de contactos a mayor distancia. Aunque estos equipos se han utilizado tradicionalmente en misiones de guerra antisubmarina, su capacidad para cubrir grandes extensiones de mar los convierte en herramientas de interés para campañas de inspección de trazados de cables y ductos o para la vigilancia reforzada de corredores de infraestructuras en escenarios de tensión.

Además de lo anterior, en fechas recientes SAES ha dado un salto cualitativo con el desarrollo de sistemas de vigilancia distribuida como Ocean Sentinel, presentado en colaboración con la también española Satlink, y que combina boyas inteligentes equipadas con sensores acústicos y capacidades de comunicación vía satélite con centros de control capaces de procesar en tiempo real la información recibida. Este tipo de soluciones permite desplegar redes flexibles de vigilancia en áreas donde resulta inviable o excesivamente costoso instalar sensores fijos tradicionales, reforzando la protección de rutas marítimas, zonas de paso de cables o accesos a instalaciones offshore.

La participación de la compañía en proyectos de I+D+i, tanto nacionales como europeos, permite pensar que las capacidades de SAES seguirán creciendo en los años venideros. Su implicación en iniciativas centradas en el ruido submarino, la mejora de la detección de amenazas de baja firma y el desarrollo de algoritmos avanzados de procesado de señales es indicativa de una estrategia que no se limita a explotar soluciones maduras, sino que busca anticipar las necesidades futuras derivadas de la expansión de la Zona Gris al dominio submarino.

Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y de otros operadores españoles, el valor añadido de esta empresa murciana se concreta en varios planos. En primer lugar, ofrece productos y sistemas adaptados al entorno operativo nacional, diseñados teniendo en cuenta las particularidades acústicas y oceanográficas de los espacios marítimos españoles y la estructura real de sus infraestructuras críticas. En segundo lugar, facilita una interlocución directa y continuada entre usuarios y desarrolladores, algo especialmente valioso cuando se trata de ajustar algoritmos de detección, integrar nuevos sensores o adaptar sistemas a cambios en la doctrina y en los procedimientos. En tercer lugar, contribuye a la soberanía industrial al proporcionar capacidades clave -en acústica submarina y en integración de sensores- que, de otro modo, dependerían exclusivamente de proveedores externos.

En suma, SAES es un actor fundamental de cara al diseño y despliegue de soluciones de protección para infraestructuras críticas marinas y submarinas. Una posición que se verá acentuada en los próximos lustros, pues a medida en que España refuerce su apuesta por la protección de infraestructuras (y no es algo negociable), la capacidad de esta empresa para diseñar soluciones ad hoc e integrar tecnología propia en sistemas complejos -algunos de ellos multinacionales- será uno de los elementos que contribuyan a traducir las estrategias que poco a poco vamos como país recogiendo en distintos documentos, en capacidades efectivas sobre el terreno, o, en este caso, sobre y bajo la superficie del mar.

Conclusiones y recomendaciones

La dependencia de infraestructuras situadas sobre, junto a y bajo el mar -puertos, bases navales, cables, ductos, instalaciones energéticas y, en el futuro, centros de datos submarinos- es ya un rasgo estructural de las sociedades avanzadas. Estas infraestructuras no son un apéndice del sistema, sino una parte integral de la provisión de energía, de la conectividad digital, del comercio y de la capacidad militar. Su vulnerabilidad se traduce, por tanto, en un riesgo inasumible para el conjunto del Estado y, también, para muchos de sus aliados.

En segundo lugar, la evolución de las amenazas ha consolidado el dominio submarino como escenario privilegiado de la competición en la Zona Gris. La combinación de discreción física, complejidad técnica y dificultades de atribución ofrece a los actores hostiles oportunidades de presión y sabotaje difícilmente replicables en otros dominios. En este contexto, los incidentes ocurridos en el entorno europeo no deben verse como anomalías aisladas, sino como manifestaciones de una tendencia de fondo que previsiblemente continuará durante los próximos años y que, seguramente, no deje de incrementarse.

En tercer lugar, el caso español presenta rasgos específicos que aumentan tanto la criticidad como la exposición. La posición geográfica de España, en la encrucijada entre Atlántico y Mediterráneo, la convierte en punto de paso de rutas energéticas y de comunicaciones de alcance global. La densidad de cables submarinos y de interconexiones energéticas, la importancia de sus puertos y bases navales y la previsión de crecimiento en la extracción de recursos energéticos o minerales marinos configuran un mapa de infraestructuras en el que los activos críticos se multiplican día a día. A ello se suma una gobernanza necesariamente compleja, en la que confluyen responsabilidades de varios ministerios, administraciones y operadores privados, además de marcos de cooperación europea y aliada.

En cuarto lugar, las soluciones eficaces para proteger estas infraestructuras no pueden limitarse a añadir capas de seguridad de manera improvisada. Exigen una aproximación basada en la gestión del riesgo, la priorización de activos, el diseño de arquitecturas de vigilancia multimodales -submarinas, de superficie y ciber- y la integración en sistemas de mando y control capaces de transformar datos en conciencia situacional utilizable. La tecnología existe y progresa con rapidez, de forma que el verdadero desafío reside en seleccionar, combinar y operar estas capacidades de manera coherente, sostenible y alineada con las necesidades operativas reales.

En quinto lugar, la dimensión industrial no es un elemento accesorio, sino de la mayor relevancia. La capacidad de contar con empresas nacionales que dominen tecnologías clave -como la acústica submarina, la integración de sensores o el procesado avanzado de señales- refuerza la autonomía de decisión, facilita la adaptación de los sistemas al entorno local y permite participar con voz propia en programas europeos y aliados. En este sentido, el caso de SAES ilustra cómo una empresa propia puede aportar soluciones concretas que responden a necesidades identificadas en los niveles estratégico, operacional y táctico, pues la defensa de las infraestructuras críticas afecta a todos ellos.

Explicado todo lo anterior, no podemos cerrar el artículo sin hacer algunas recomendaciones de cara al futuro. Así, en el nivel estratégico, resulta esencial consolidar una visión integrada de la protección de infraestructuras submarinas que supere compartimentos estancos entre departamentos y sectores. La coordinación entre Defensa, Interior, Transición Ecológica, Transportes y operadores privados debería traducirse en planes conjuntos de evaluación de riesgos, ejercicios de preparación y protocolos de respuesta compartidos.

En el nivel operacional, conviene priorizar el desarrollo de una conciencia situacional submarina robusta en las áreas de mayor criticidad, combinando sensores fijos y móviles, medios tripulados y no tripulados y capacidades avanzadas de fusión de datos. La experiencia aliada demuestra que invertir en detección temprana y en atribución sólida es tan importante como reforzar físicamente las infraestructuras.

En los niveles táctico y técnico, cabe tener en cuenta que cuanto antes despleguemos nuevos sistemas y formemos al personal necesario para operarlos, antes podremos mejorar cada uno de sus componentes y ganar experiencia de uso.

Además, es obligado tratar también otros planos como el industrial y tecnológico, ya que sería recomendable reforzar los mecanismos de apoyo a la innovación en tecnologías de protección submarina, favoreciendo la colaboración entre empresas como SAES, grandes contratistas, centros de investigación y usuarios finales. No es que no se haga nada, pero no es en absoluto suficiente y se requiere de más inversión y apoyo. En este sentido, participar activamente en iniciativas europeas y aliadas no solo permite acceder a financiación y compartir riesgos, sino también influir en la definición de estándares y arquitecturas que marcarán el mercado en los próximos años, pero España, para que esta participación de todos los resultados requeridos, debe acompañar a sus empresas e influir en cada parte del proceso, para lo cual se necesita voluntad y disposición a situar a los nacionales en puestos clave en la OTAN y la UE.

Por último, siguiendo ya que la hemos tocado con las dimensiones humana y doctrinal, debemos recodar que la mejor tecnología pierde gran parte de su eficacia si no se acompaña de personal formado, procedimientos claros y una cultura estratégica asentada. Invertir en formación específica, en doctrinas de empleo adaptadas al entorno de la Zona Gris y en ejercicios que integren a actores civiles y militares es una condición indispensable para que las capacidades disponibles se traduzcan, llegado el momento, en respuestas eficaces.

La protección de las infraestructuras críticas submarinas es, en definitiva, un desafío de largo recorrido que combina dimensiones técnicas, estratégicas e industriales. Abordarlo con ambición y realismo es una tarea ineludible para cualquier país que, como España, aspira a preservar su seguridad, su prosperidad y su credibilidad como aliado fiable en un entorno internacional crecientemente contestado.