La Iniciativa Atlántica Real impulsada por Marruecos ha reordenado la lectura estratégica del entorno occidental del Mediterráneo y del Atlántico africano. En ese marco, Ceuta y Melilla dejan de ser solo dos enclaves sometidos a una disputa histórica para convertirse en piezas sensibles dentro de una estrategia marroquí más amplia, orientada a reforzar su posición geoeconómica, diplomática y militar. El artículo examina esa evolución desde una perspectiva de seguridad y defensa, analiza los antecedentes del contencioso, evalúa la aplicación del esquema DIME por parte de Rabat y plantea hasta qué punto España está preparada para responder a un escenario de presión híbrida prolongada. El texto sostiene que la cuestión no debe abordarse únicamente desde la lógica territorial, sino también desde la competencia por la influencia regional, la gestión de la zona gris, la ambigüedad estratégica en el marco aliado y la necesidad de articular una respuesta española más coherente, sostenida y adaptada al entorno africano y euroatlántico.
Índice
- Introducción
- Antecedentes
- ¿Qué estrategia se espera de Marruecos?
- ¿Cómo debemos prepararnos?
- Conclusiones
- Notas
La Iniciativa Atlántica Real (IRA), lanzada en 2023 por Mohamed VI, define una estrategia de Estado orientada a posicionar a Marruecos como un eje geoeconómico tricontinental que conecte África, Europa y América a través de su fachada atlántica. Su objetivo es transformar el Atlántico africano en un espacio integrado de prosperidad, seguridad y conectividad, ofreciendo acceso al océano a los países sin litoral del Sahel, en particular Mali y Níger, mediante infraestructuras portuarias en Marruecos. Esta ambición se apoya en nodos logísticos de primer nivel, como Tánger Med, Casablanca o, en el futuro, Dajla Atlántico. En este marco, Ceuta y Melilla adquieren una relevancia singular al ser percibidas por Rabat como anomalías geoestratégicas que interrumpen la continuidad de su proyección marítima en el norte de África. Esta visión se inserta en una estrategia híbrida de presión que combina instrumentos económicos, políticos y de seguridad, incluidos cierres fronterizos, uso instrumental de la migración, desarrollo de puertos alternativos y una militarización de baja intensidad. Para España, este escenario genera un dilema estratégico: pese a su superioridad militar convencional, persisten vulnerabilidades económicas y políticas que hacen urgente una respuesta coherente en el marco europeo y aliado.
Introducción
La Iniciativa Atlántica Real (IRA)[1], lanzada en 2023 por Mohamed VI, sitúa a Marruecos como un eje geoeconómico tricontinental al articular África, Europa y América a través de su fachada atlántica. Concebida como una estrategia de Estado, la IRA aspira a transformar el Atlántico africano en un espacio integrado de prosperidad, seguridad y conectividad, proporcionando acceso al océano a los países sin litoral del Sahel, especialmente Mali y Níger, mediante el uso de infraestructuras portuarias marroquíes. Este planteamiento se apoya en nodos logísticos de primer orden, como Tánger Med, ya entre los veinte principales puertos del mundo, y en proyectos estructurantes como el gaseoducto Nigeria-Marruecos, de 5.600 kilómetros, concebidos no solo como instrumentos de integración económica, sino también como vectores de reordenación geopolítica de los flujos regionales y continentales[2].
En este contexto, Ceuta y Melilla adquieren una relevancia específica al aparecer, desde la óptica marroquí, como anomalías geoestratégicas que fragmentan la continuidad de su proyección marítima en el norte de África. Esta percepción se inserta en una estrategia híbrida de presión desarrollada por Rabat que combina medidas económicas, políticas y de seguridad, entre ellas los cierres fronterizos, la instrumentalización de los flujos migratorios, el desarrollo de puertos alternativos como Nador West Med y una militarización progresiva, aunque de baja intensidad, del entorno. En las últimas semanas hemos asistido a manifestaciones sorprendentes por parte de profesionales que se autodefinen como moderados, pero que en redes sociales abandonan cualquier contención y se alinean con la teoría de la supuesta invasión silenciosa: “después del Sáhara será Canarias, Ceuta, Melilla, espacios aéreos y aguas territoriales a España”[3].
El giro de la política española en 2022 respecto al Sáhara Occidental es interpretado en este marco como un precedente relevante, sin que se hayan materializado contrapartidas explícitas para los enclaves, lo que refuerza la sensación de asimetría estratégica. En marzo de 2022, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizó un giro histórico en la posición de España respecto al contencioso del Sáhara Occidental. Tras décadas defendiendo el marco de las resoluciones de la ONU, que desde 1991 exigen un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, postergado indefinidamente, España aceptó la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía del Reino de Marruecos. Esta decisión, comunicada en una carta al rey Mohamed VI y calificada de “constructiva”, alineó a Madrid con la tesis de Rabat y generó un terremoto diplomático interno y externo. La oposición la tildó de “traición” a los principios internacionales, mientras que el Frente Polisario la vio como el fin de cualquier esperanza de independencia. Marruecos respondió con gestos inmediatos: reabrió el espacio aéreo, facilitó la repatriación de migrantes tras la crisis de Ceuta y reactivó la cooperación económica.
Este viraje no fue un acto aislado, sino el clímax de una ofensiva diplomática marroquí que se remonta al reinado de Hassan II, pero que bajo Mohamed VI ha adquirido una sofisticación inédita. España, primer socio comercial de Marruecos y vecino inevitable en el estrecho de Gibraltar, cedió ante presiones acumuladas: la instrumentalización migratoria de 2021, cuando más de 9.000 personas irrumpieron en Ceuta en 48 horas como represalia por la hospitalización del líder polisario Brahim Ghali[4]. Sin embargo, este “paquete Sáhara”, como se conoció el acuerdo, dejó un flanco expuesto: Ceuta y Melilla, plazas de soberanía españolas en suelo africano desde los siglos XV y XVI, que Marruecos reivindica como “territorios ocupados” en mapas oficiales y discursos velados[5].
España se enfrenta así a un escenario de creciente complejidad. Aunque mantiene una superioridad militar convencional, apoyada en capacidades navales avanzadas y en un encuadre OTAN jurídicamente ambiguo, presenta vulnerabilidades significativas en los planos económico y político, derivadas tanto de la dependencia de la cooperación migratoria como de la fragilidad del modelo económico de los enclaves. La propia IRA refuerza la proyección africana de Marruecos y su atractivo como socio para actores extrarregionales, incluida la inversión china, lo que subraya la urgencia de articular una respuesta coherente que combine blindaje diplomático en el marco de la Unión Europea, diversificación económica y una doctrina de actuación adaptada a escenarios de presión híbrida. En última instancia, la cuestión de fondo permanece abierta: qué hacer con Ceuta y Melilla en el siglo XXI.
La pregunta central de este artículo es si España está preparada para un conflicto con Marruecos por estos enclaves. No hablamos de una guerra convencional, improbable dada la interdependencia económica, con un comercio bilateral de 20.000 millones de euros anuales, y la superioridad militar española, sino de un enfrentamiento híbrido: presiones migratorias masivas, boicots económicos selectivos, ciberataques, instrumentalización de la Unión Europea a través de la migración irregular y una escalada militar discreta en el monte Gurugú o el Peñón de Vélez.
La Iniciativa Atlántica Real, lanzada por Mohamed VI en 2023, acelera esta dinámica al posicionar a Marruecos como “puerta atlántica de África”, con Tánger Med como hub global, decimonoveno puerto mundial, y proyectos como el gaseoducto Nigeria-Marruecos, el puerto de Nador West Med o el nuevo puerto de Dajla[6]. Ceuta y Melilla, enclaves que fragmentan la Zona Económica Exclusiva marroquí, se convierten en anomalías geoestratégicas que Rabat no puede ignorar en su ambición tricontinental. Históricamente, España ha gestionado estos territorios con un enfoque de firmeza declarativa y cesiones pragmáticas ante Rabat.
El reconocimiento del Sáhara marroquí sin contrapartidas explícitas sobre Ceuta y Melilla rompe ese equilibrio. Marruecos interpreta la cesión como un segundo precedente: si España abandonó su neutralidad en el Sáhara tras cincuenta años desde la Marcha Verde, ¿por qué no habría de ceder en los enclaves ante presiones similares? La estrategia de Rabat es el desgaste paulatino: cierre de fronteras, ya aplicado en 2021 y 2023, con efectos devastadores sobre las economías locales; desarrollo de puertos alternativos como Tánger Med o Nador West Med para competir con Ceuta y Melilla; y consolidación de una narrativa poscolonial en foros africanos y árabes. En agosto de 2023, la embajada marroquí en Madrid publicó un mapa que incluía Ceuta y Melilla como territorio nacional. Fue retirado tras las protestas españolas, pero el mensaje resultó inequívoco: la normalización simbólica avanza[7].
La preparación española resulta insuficiente en los planos militar, económico y político. Ceuta y Melilla cuentan con unos 1.500 efectivos y con un fuerte respaldo aeronaval desde la base de Rota. Sin embargo, no disponen de una cobertura explícita de la OTAN. El artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte excluye de forma ambigua los territorios situados en África[8]. En el ámbito económico, la dependencia estructural es evidente. El contrabando transfronterizo se estima en torno a 700 millones de euros anuales. A ello se suma la mano de obra marroquí, con unos 20.000 trabajadores diarios en Melilla. Sin estos flujos, el PIB per cápita local, situado en torno a los 25.000 euros, se vería gravemente afectado. En el plano político, Madrid ha priorizado la desescalada migratoria frente a una defensa explícita de la soberanía. La Unión Europea ha financiado el refuerzo fronterizo con más de 200 millones de euros desde 2021, pero sigue abordando los enclaves principalmente como frontera migratoria y no como territorios con una dimensión estratégica propia.
Este escenario trasciende la relación bilateral hispano-marroquí. El Estrecho constituye una arteria global por la que transita aproximadamente el 15 % del comercio mundial. Cualquier dinámica de presión híbrida tendría efectos directos sobre la estabilidad global. Se produciría, además, en un contexto marcado por la guerra con Rusia, la creciente presencia de China y la presión migratoria procedente del Sahel. Marruecos actúa como una potencia media en ascenso. Mantiene un crecimiento económico cercano al 5 % anual y ha acelerado la modernización de sus capacidades militares. Incorpora drones de origen israelí y sistemas estadounidenses de largo alcance. En este marco, la IRA funciona como un instrumento de proyección y facilita la atracción de inversión china vinculada a la Nueva Ruta de la Seda.
España debería anticipar escenarios plausibles de presión asimétrica, presión migratoria organizada, empleo limitado de capacidades tecnológicas y ciberataques contra infraestructuras críticas. El punto de partida de este análisis revela un desequilibrio estratégico. Madrid modificó su posición sobre el Sáhara sin reforzar de forma proporcional la protección de sus posesiones africanas. Subestimó la doctrina marroquí del realismo estratégico, basada en la coerción indirecta sin llegar a la guerra abierta. En los apartados siguientes se examinarán los antecedentes, desde Perejil en 2002 hasta el giro político de 2022; la estrategia previsible de Rabat, de carácter híbrido; y los preparativos necesarios en los planos militar, diplomático y económico. La IRA no es solo marroquí, sino también africana, con el respaldo de países del Sahel como Mali y Níger, que ven en Rabat su principal salida al Atlántico. España no se enfrenta únicamente a un vecino, sino a un puente geoeconómico en expansión. La cuestión de fondo es si dispone de la voluntad política, los recursos y la estrategia necesarios para sostener estos enclaves en el siglo XXI en un nuevo orden mundial.
Antecedentes
La relación entre España y Marruecos se articula en torno al estrecho de Gibraltar desde la Antigüedad. Sin embargo, el contencioso específico sobre Ceuta y Melilla se configura en la era de la expansión europea. Ceuta fue incorporada a la Monarquía Hispánica en 1580, en el contexto de la Unión Ibérica, mientras que Melilla pasó a la Corona de Castilla en 1497[9]. A diferencia del Sáhara Occidental, no se trata de territorios heredados del reparto colonial del siglo XIX, sino de plazas de soberanía integradas en la estructura político-jurídica española con anterioridad a la formación del Estado marroquí contemporáneo.
Durante el siglo XX, la relación bilateral adquirió una dimensión colonial y posteriormente poscolonial. España ejerció un protectorado en el norte de Marruecos entre 1912 y 1956, compartido con Francia. Tras la independencia marroquí, Ceuta y Melilla quedaron fuera del nuevo Estado. Desde entonces, Rabat ha mantenido una reivindicación latente sobre ambas ciudades. Bajo el reinado de Hassan II, este planteamiento se integró en un discurso nacional de carácter irredentista. España, por su parte, reforzó su integración jurídica incorporando ambas ciudades al orden constitucional en 1978. El episodio del islote de Perejil en 2002 puso de manifiesto la fragilidad del equilibrio. La ocupación marroquí fue respondida por España con una operación limitada. No hubo activación de mecanismos de defensa colectiva. A partir de ese momento, la política española osciló entre la firmeza puntual y la búsqueda de desescaladas políticas.
Desde mediados de la década de 2000, el conflicto adoptó formas indirectas. Marruecos comenzó a emplear de manera recurrente instrumentos no militares. El control de los flujos migratorios se convirtió en una palanca central. En 2018, miles de personas cruzaron la frontera de Melilla en un solo día. En mayo de 2021, más de 9.000 personas entraron en Ceuta tras la acogida en España del líder del Frente Polisario. Estas crisis coincidieron con momentos de tensión diplomática. La dimensión económica amplificó sus efectos. Antes del cierre fronterizo, el comercio atípico y el porteo generaban entre 600 y 700 millones de euros anuales. Representaban una parte sustancial del tejido económico local. El cierre prolongado entre 2021 y 2023 tuvo un impacto inmediato, con protestas sociales y caída de la actividad. Paralelamente, Marruecos impulsó infraestructuras alternativas como el puerto de Nador West Med, reduciendo estructuralmente la centralidad de Melilla.
El punto de inflexión político se produjo el 18 de marzo de 2022. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó por escrito su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Rabat. Con ello se abandonó una posición de neutralidad sostenida durante más de cuatro décadas en el marco de Naciones Unidas. El contexto era especialmente adverso: crisis migratoria reciente, deterioro de la relación con Argelia e inestabilidad creciente en el Sahel. Marruecos respondió con una normalización gradual de las relaciones: reapertura de fronteras aéreas, cooperación migratoria y anuncios de inversión en las aduanas.
La oposición española, tanto a la derecha como a la izquierda, denunció esta cesión estratégica. La Unión Europea mantuvo una posición de perfil bajo. Argelia suspendió relaciones diplomáticas con España. Más adelante, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogó el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026 sin modificar el marco general del contencioso[10]. El resultado fue un reposicionamiento español sin garantías visibles en relación con Ceuta y Melilla, cuestión que algunos análisis han interpretado como un incentivo adicional para la presión marroquí[11].
En este marco, la reivindicación territorial marroquí ha mostrado una tendencia expansiva más allá de los enclaves terrestres: la delimitación de espacios marítimos, el control del espacio aéreo del Sáhara y la proyección sobre Canarias forman parte de una visión más amplia de continuidad estratégica. Ceuta y Melilla no constituyen ya una anomalía aislada, sino un elemento dentro de una lógica de reposicionamiento regional progresivo.
¿Qué estrategia se espera de Marruecos?
La estrategia marroquí frente a España se articula de forma coherente a través de los cuatro instrumentos clásicos del poder del Estado: diplomático, informativo, militar y económico, según el esquema DIME[12]. El enfoque responde a una lógica de zona gris. No busca una confrontación abierta con España, sino modificar gradualmente el statu quo mediante presión sostenida, ambigüedad jurídica, costes políticos crecientes y explotación de vulnerabilidades estructurales.
En el plano militar, Marruecos dispone de unas Fuerzas Armadas Reales con una entidad cuantitativa y cualitativa significativa. El personal activo se sitúa en torno a 200.800 efectivos, con una reserva estimada de 150.000. A ello se añaden cuerpos paramilitares y fuerzas auxiliares desplegadas en el control interno y fronterizo. La evolución reciente no apunta a una doctrina orientada a la invasión convencional de gran escala, sino al refuerzo de capacidades de disuasión regional, superioridad local y presión graduada sobre entornos sensibles.
Las capacidades terrestres se apoyan en un parque de unos 170 carros de combate M1A1 Abrams, además de vehículos blindados de transporte y combate de diversas procedencias. La artillería incluye sistemas de cohetes de largo alcance, defensa aérea y medios anticarro de creciente sofisticación. Entre las adquisiciones más relevantes figuran HIMARS y sistemas Barak MX, que amplían el alcance y la precisión de la capacidad marroquí[13].
La Real Fuerza Aérea Marroquí dispone de alrededor de 70 aviones de combate, principalmente F-16 en distintas versiones, incluidos aparatos modernizados al estándar Viper. A ello se suman aeronaves de transporte táctico, helicópteros y una expansión sostenida del componente no tripulado. La incorporación de drones armados de origen israelí y turco, así como la cooperación tecnológica con Estados Unidos e Israel, otorgan a Rabat una capacidad creciente para operaciones de vigilancia, saturación y ataque limitado.
En el ámbito naval, la Marina Real Marroquí dispone de una fuerza relativamente reducida, pero moderna. Cuenta con una fragata FREMM multipropósito, tres fragatas clase SIGMA, dos fragatas clase Floreal y alrededor de 20 patrulleros y buques auxiliares. Aunque esta estructura no permite desafiar de forma directa a la Armada española, sí resulta suficiente para reforzar el control del litoral, proteger infraestructuras estratégicas, escoltar tráficos y aumentar la presión en el entorno del Estrecho y del mar de Alborán.
Este despliegue militar se apoya en un esfuerzo financiero sostenido. El presupuesto oficial de defensa para 2023 se situó en torno a 4.800 millones de euros, mientras que los techos de gasto autorizados por la Administración marroquí reflejan una tendencia ascendente. En el periodo 2024-2025, el esfuerzo en defensa se aproxima al 4 % del PIB, una proporción elevada en términos regionales y superior a la española en términos relativos.
La dimensión diplomática ha ganado peso desde el giro español sobre el Sáhara en 2022. Rabat interpreta ese cambio como una validación de su estrategia gradual. Ha reforzado su posición en foros africanos, árabes y multilaterales, presentándose como actor estabilizador, interlocutor energético y socio indispensable para Europa en materia migratoria y de seguridad. La diplomacia marroquí no persigue únicamente el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara. Busca también consolidar una posición de ventaja desde la que cualquier discusión sobre Ceuta y Melilla resulte cada vez más incómoda para Madrid.
El instrumento informativo sostiene el conjunto. Marruecos ha desarrollado una narrativa poscolonial coherente. Presenta Ceuta y Melilla como anomalías históricas. Utiliza medios oficiales, redes sociales y plataformas internacionales para naturalizar esta visión. Los mapas oficiales, las referencias a “territorios ocupados” y la proyección simbólica sobre el espacio marítimo y aéreo forman parte de una estrategia de legitimación gradual de sus reivindicaciones.
La dimensión económica completa la estrategia. Marruecos ha reducido de forma estructural la dependencia de los enclaves españoles. Ha impulsado polos alternativos: puertos, infraestructuras logísticas, zonas industriales y conexiones energéticas. Dajla Atlántico, Nador West Med y Tánger Med son piezas centrales[14]. Sustituyen funciones que antes cumplían Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, Rabat se posiciona como socio indispensable para Europa en materias críticas: migración, energía, seguridad y comercio. El gaseoducto atlántico y la Iniciativa Atlántica refuerzan esta centralidad. España aparece así como un actor más constreñido en su capacidad de respuesta.
El proyecto de un puerto de aguas profundas al este de Tánger surgió a finales de la década de 1990. Bautizado como Tánger Med, materializó la voluntad de desarrollo impulsada por Mohamed VI desde su acceso al trono en 1999, especialmente orientada al norte del país y a la región del Rif[15]. El Fondo Hassan II para el desarrollo económico y social, alimentado por los ingresos de las privatizaciones, desempeñó un papel clave en la creación de la zona franca situada al oeste de la ciudad, así como en el parque industrial vinculado al grupo Renault-Nissan. La infraestructura portuaria se financió como un proyecto de Estado destinado a transformar la posición de Marruecos en las redes logísticas globales.
Bajo el impulso directo de la voluntad real, el proyecto no solo puso en marcha una ambición territorial, sino que favoreció la consolidación de una red de profesionales formados en el extranjero, capaces de responder a las exigencias de los inversores internacionales en ámbitos como infraestructuras, industria o comercio. El desarrollo portuario a gran escala exige, además de infraestructuras físicas, entornos institucionales y humanos capaces de acompañar la transformación del transporte marítimo global. En este contexto, Marruecos aspiró a captar una parte del crecimiento del mercado mediterráneo y atlántico.
El aumento masivo del tráfico de contenedores en el Mediterráneo generó una demanda creciente de espacios de transbordo, y Tánger Med se posicionó como una de las respuestas a esta necesidad. El resultado ha sido una trayectoria claramente exitosa. El puerto se ha convertido en el mayor centro portuario de África y de la cuenca mediterránea. En él operan los principales actores mundiales del sector, como Maersk, MSC, CMA CGM y Hapag-Lloyd. Esta última actúa en asociación con la empresa alemana Eurogate y con la compañía marroquí Marsa Maroc, que ha adquirido una participación significativa en la empresa española Boluda Towage[16].
El éxito operativo del puerto es incuestionable. Aunque el valor financiero directo de la infraestructura portuaria es limitado, el área logística adyacente, la implantación industrial del grupo Renault-Nissan y el intenso tráfico de camiones han contribuido a la creación de un polo económico dinámico en esta parte del país[17]. Esta experiencia explica la decisión de replicar el modelo con un segundo gran proyecto. Nador West Med, situado en el este de Marruecos, se orienta principalmente al tráfico de graneles líquidos y sólidos, aunque incorpora también una terminal de contenedores.
En 2023, Tánger Med gestionó 8,61 millones de TEU, situándose en el puesto 19 del ranking mundial de puertos de contenedores y registrando un crecimiento del 13,4 % respecto al año anterior. En 2024, además, se ha beneficiado de la crisis en el mar Rojo y de la reorganización de las rutas marítimas en torno al continente africano, en detrimento del canal de Suez. Su localización resulta especialmente ventajosa para redistribuir tráficos hacia puertos mediterráneos afectados por la interrupción de las rutas directas a través de Egipto[18]. Está previsto que el puerto alcance su capacidad máxima en los próximos años.
Estos grandes complejos portuarios constituyen motores de desarrollo relevantes, pero no pueden sostener por sí solos una política económica nacional. Otros enclaves, como Agadir y Casablanca en la fachada atlántica, continúan desempeñando un papel fundamental en la estructura portuaria y económica del país. Situado a la salida del Mediterráneo y en la encrucijada de las rutas atlánticas, Marruecos ha sabido explotar su posición estratégica apoyándose en una estabilidad política relativa y en un entorno favorable a la inversión. Sin disponer de recursos energéticos comparables a los de otros Estados de la región, ha convertido su localización y su conectividad en activos estratégicos.
Desde 2015, el gasto militar marroquí ha crecido de forma casi ininterrumpida, con un incremento acumulado superior al 50 %. En el periodo 2024-2025, el esfuerzo en defensa se aproxima al 4 % del PIB, una proporción elevada en términos regionales y superior a la española en términos relativos. La inversión se ha concentrado en programas de alto impacto operativo. Entre 2012 y 2022, Marruecos destinó varios miles de millones de euros a la adquisición y modernización de carros de combate, sistemas de artillería de largo alcance, defensa aérea de medio alcance y plataformas aéreas de combate.
Este esfuerzo militar se integra en una estrategia económica más amplia de acumulación de poder. Marruecos combina gasto en defensa con megaproyectos civiles de uso dual: puertos, infraestructuras logísticas y energía. El gaseoducto atlántico Nigeria-Marruecos tiene un coste estimado superior a 23.000 millones de euros. La inversión acumulada en Tánger Med supera los 10.000 millones de euros, generando ingresos, empleo y capacidad de financiación indirecta del Estado. El resultado es un modelo en el que la inversión militar no aparece como un coste aislado, sino como parte de un proyecto de poder nacional.
En conjunto, la aplicación integrada del modelo DIME explica el cambio de percepción estratégica. Marruecos ya no se concibe frente a una España claramente superior. Percibe un equilibrio relativo favorable en determinados ámbitos, identifica vacíos políticos, ambigüedades jurídicas y dependencias económicas. La estrategia no busca una ruptura; busca una reconfiguración lenta del entorno, forzar decisiones sin imponerlas y convertir la inacción en la opción por defecto[19].
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