Las Fuerzas Armadas y la seguridad ciudadana

¿Terminarán las FAS asumiendo tareas propias de las FCSE?

Siguiendo la doctrina americana, y fundamentalmente a raíz de los distintos atentados yihadistas, Europa parece haberse sumado a la tendencia cada vez más en boga de utilizar a sus Fuerzas Armadas en tareas propias del orden público y de la seguridad ciudadana. España hasta el momento ha ido contracorriente, pero los problemas con la inmigración y la Operación Balmis están provocando un cambio de tendencia.

Introducción

Siguiendo la doctrina americana, y fundamentalmente a raíz de los distintos atentados yihadistas, Europa parece haberse sumado a la tendencia cada vez más en boga de utilizar a sus Fuerzas Armadas en tareas propias del orden público y de la seguridad ciudadana.

Cualquier persona que haya viajado por Europa en los últimos años ha podido comprobar cómo los militares patrullan las calles y realizan tareas de vigilancia de los principales monumentos turísticos, las estaciones de metro, tren, ferrocarril o autobuses y especialmente de los aeropuertos.

Francia, Italia, Bélgica o Reino Unido son solamente algunos de los países europeos que han optado por la militarización de su seguridad pública y el despliegue de sus soldados en su propio territorio nacional con el objetivo de confrontar el temor que inspira el terrorismo islámico a sus sociedades.

En España, por su parte, si bien se había mantenido una importante resistencia a la tendencia de militarizar las competencias propias de la seguridad ciudadana frente al temor a los atentados terroristas y, en consecuencia, estas funciones de vigilancia y de seguridad –las tareas de patrullaje–  seguían siendo ejercidas únicamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), lo cierto es que en marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y con el objetivo de garantizar el debido cumplimiento de las medidas de confinamiento impuestas por el estado de alarma que se decretó, España desplegó a su ejército en las calles.

De esta forma, el Real Decreto 463/2020 de aplicación del estado de alarma de 14 de marzo precisaba que los militares españoles realizarían las tareas de «auxilio operativo» necesarias para con la sociedad y permitía la implementación de “patrullas conjuntas” compuestas por miembros de las Fuerzas Armadas (FAS) y de la Guardia Civil –bajo el mando y coordinación de los jefes de estos últimos.

En base a esta experiencia, creemos oportuno preguntarnos si debería España optar por la normalización de la militarización del orden público, de forma que las FAS apoyen a las FCSE en el desempeño de las funciones de seguridad necesarias para garantizar la protección de la ciudadanía, tal y como ya se viene realizando en otros países de nuestro entorno europeo, o si por el contrario, estas funciones deben ser ejercidas únicamente por los miembros de las FCS. ¿Hasta qué punto es idónea la utilización de nuestras FAS en tareas de seguridad pública y ciudadana y oportuno el despliegue de personal militar uniformado en nuestras calles?

Militares franceses patrullando para prevenir atentados. Fuente – Dreamstime.

Las FAS como elemento de seguridad ciudadana

Tal y como hemos avanzado, no resulta ya extraño observar en nuestro entorno europeo la presencia de militares en los principales espacios públicos, siendo especialmente significativo el refuerzo militar de la seguridad pública de cara a fechas tan señaladas como Navidad.

En este sentido, y en vista al creciente acoso sufrido por el yihadismo, Francia ha desplegado recientemente la Operación Centinela, la cual viene a incrementar la presencia militar en los puntos estratégicos y sensibles del país, con un interés preventivo y disuasorio frente a los atentados.

En nuestro país, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 permite a las FAS ejercer funciones de vigilancia y de control de los espacios de soberanía nacional en apoyo de las FCSE en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los meses de marzo-abril del presente año a consecuencia del Covid-19, hasta el momento no hemos visto a nuestros militares adoptar estas funciones en materia antiterrorista.

Es obvio que el despliegue de militares en los principales puntos estratégicos de nuestras ciudades con el objetivo de dar protección a la ciudadanía comporta, en líneas generales, una sensación de tranquilidad a la ciudadanía, la cual vería la presencia militar como un refuerzo de su seguridad. Pues, si bien es cierto que existe una parte de nuestra población contraria a los valores castrenses y al Ejército, en general, nuestras FAS son especialmente apreciadas por la sociedad y su valor y competencias son ampliamente reconocidas.

No obstante, pese a la competencia de nuestros soldados y la tranquilidad social que pudiesen aportar, a nuestro juicio el empleo de las FAS en tareas de orden público y seguridad ciudadana comporta algunas disfuncionalidades importantes que desaconsejan su utilización.

La primera dificultad nace como consecuencia del establecimiento de la protección jurídica que tendrían estos militares. Aunque la citada L.O.5/2005 permite que los miembros de las FAS adquieran el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias y con las condiciones que reglamentariamente se determinen, jurídicamente esta atribución es compleja, pues éstos podrían necesitar aplicar conceptos recogidos en otras leyes que delimitan expresamente las funciones de orden público a las FCS, por ejemplo, la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.[1]

Lejos de poner en duda las capacidades de nuestros militares, es necesario resaltar que nuestro marco jurídico exige a los miembros de las FCS el adecuado conocimiento de las competencias propias de seguridad ciudadana que, dadas sus atribuciones, desempeñarán como agentes de la autoridad y que esta competencia es acreditada por la superación de unos planes formativos que distan enormemente de los de las FAS.

Además, quizás la disfuncionalidad más relevante a nuestro parecer nace de los roces que podrían acabar produciéndose entre los miembros de las FAS y los de las FCS al poder considerar estos últimos que exista un cierto “intrusismo laboral”. Sin ir más lejos, en los meses de marzo-abril ya se pudo comprobar la existencia de un cierto malestar en la Guardia Civil al observarse que, a pesar de que el mando de la seguridad ciudadana recaía en manos del Ministerio del Interior y la coordinación debía ser ejercida por los jefes de la Guardia Civil, los miembros de las FAS funcionaban por “libre”[2].

Si tenemos en cuenta que estos roces se han producido entre cuerpos que, a pesar de tener distintas competencias, comparten una característica fundamental en común, el componente militar, podemos deducir que los roces ciertamente se multiplicarían si, en vez de depender funcionalmente de la Guardia Civil, los miembros de las FAS tuviesen que actuar en apoyo –bajo las órdenes– de los distintos cuerpos policiales que conforman nuestra estructura de seguridad pública, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Foral en Navarra, los Mossos en Cataluña, o bajo el mando de las distintas policías municipales.

Por último, en adición a estas problemáticas, podemos destacar la probable tormenta política que se levantaría como consecuencia de la utilización de las FAS para tareas propias de la salvaguarda del orden público, pues no olvidemos que especialmente en el País Vasco y Cataluña predominan socialmente fuerzas políticas nacionalistas contrarias al Ejército (EH Bildu, Sortu, ERC o la CUP entre otros) que no aceptarían de buen grado la imagen que representaría un pelotón de infantería vigilando la Sagrada Familia o patrullando por las principales ciudades del País Vasco y Navarra[3].

Más allá del terrorismo hay otras muchas tareas en las que las FAS actúan de una forma u otra, como ocurre con la inmigración, que comentamos a continuación.

Josue Expósito

 


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